La realidad de los trabajadores estatales de sanidad en Entre Ríos incluye sobrecarga laboral, faltantes de medicamentos, aumento de horas por el mismo sueldo y en la mayoría de los efectores se evidencia, además, deficiencia organizativa y de distribución de tareas.
“La salud pública en Entre Ríos está en crisis”, reconocen los empleados. Por supuesto, esto no se ha gestado en el último tiempo, se trata de una discusión que debió darse hace mucho pero, con el correr de los años, la situación no ha hecho más que agravarse.
El Hospital San Martín de Paraná, está colapsado. Los nombres de los pacientes quedan en listas de espera durante meses. Los recursos humanos no son suficientes para dar respuesta al incremento de la atención requerida. Hay falta de espacio y se ven camillas con pacientes en los pasillos.
Los nosocomios del interior de la provincia no están en mejores condiciones: turnos lejanos, pocos profesionales, sistemas sanitarios obsoletos, serios inconvenientes eléctricos, filtraciones y hasta inundaciones.
En los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en tanto, los espacios son reducidos en relación al aumento de la demanda.
El personal de enfermería reclama que las horas trabajadas exceden las establecidas por la Ley Provincial 10.930, sin existir aumento salarial. El texto legal contempla cinco niveles de carrera, denominados «tramos» que, aseguran, se están pagando con seis meses de atraso.
Los médicos –de distintos efectores- dan cuenta de que la exigencia horaria aumenta, pero faltan medicamentos, controles de asistencia y atención, además del reconocimiento en los sueldos del grado de responsabilidad y la formación.
La inestabilidad laboral es un factor sobresaliente en el ámbito, con renovaciones de suplencias cada seis meses o un año.
La declaración de urgencia en salud mental reconoce la problemática en ese área, pero no asegura que se destinen fondos que permitan generar nuevos espacios para la pronta y adecuada atención de los pacientes, ni para la creación de cargos o incorporación de psicólogos y psiquiatras.
Los ajustes en la economía nacional y las asignaciones como asistencia, se manifiestan en un gran número de personas que no cuentan con empleo formal.
Dentro del sistema sanitario, la obra social provincial y las nacionales -incluidas PAMI y las prepagas- difieren en sus reglas. Cada una tiene sus tiempos, su cartilla, sus coberturas, pero las une un denominador común: demoras en los pagos. La mayoría efectiviza las liquidaciones pasados los tres meses, con los montos desactualizados. Todo eso conlleva a cortes en prestaciones o cobros adicionales que, en muchos casos, los usuarios no pueden afrontar. En ese contexto la salud pública adquiere mayor relevancia.
La situación de los trabajadores
“Que me controlen el horario a mí no me preocupa. Pero que controlen también c´mo atiendo. Que le den al centro de salud lo que necesita, que no tengamos que arreglar todo con un ibuprofeno”, expone un médico consultado.
El sueldo de un médico especialista, con antigüedad en el cargo, ronda los 1,4 millones de pesos. “Nunca se hicieron controles, nunca se pagó la responsabilidad”, aseguran profesionales consultados. “En la actualidad, los controles de asistencia y desempeño del personal siguen sin realizarse pero, además, han decidido sobrecargar a quienes cumplimos, por el mismo sueldo”, acotan.
Un enfermero que trabaja, por ejemplo, 40 horas semanales, es decir 160 al mes, en un CAPS u hospital público, cobra aproximadamente 1,2 millones de pesos, razón por la cual, en muchos casos, toman la responsabilidad de un segundo empleo. Con los horarios rotativos actuales en los centros de atención primaria -7 a 15 y 11 a 19- es casi imposible cumplir con ambos compromisos.
Martín Buralli, presidente de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos, y Ezequiel Ávila, secretario de la entidad, manifiestan su preocupación y descontento frente a lo que consideran una vulneración de derechos.
Ambos exponen que han solicitado reuniones al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, para tratar temas relevantes como, por ejemplo, las horas que deben cumplir y de qué manera. Remarcan que, a las tareas propias de su profesión, se han agregado otras como la esterilización de elementos, la custodia edilicia, la apertura y cierre de los establecimientos, la atención de la farmacia y hasta la limpieza. Desde la entidad han elaborado propuestas y aguardan el espacio para el diálogo, pero hasta el momento no han sido recibidos por el titular de la cartera sanitaria.
El diputado Silvio Gallay (JxER) le dijo a Canal Once de Paraná, en referencia a los reclamos del personal: “Hay quienes pretenden instalar una discusión salarial que no corresponde en este marco. Aquí estamos discutiendo cuántas horas debe trabajar un profesional cuando decide trabajar en el Estado”.
La respuesta de un médico fue clara: “Uno elige trabajar. En lo público y en lo privado. Atiendo a todos por igual, con la misma intención de ayudar. El tema es que con `la buena intención´ no compras comida”.
El planteo que realizan los trabajadores no consiste en dejar de asistir a los pacientes, sino en hacerlo con un sueldo digno, que compense no solamente la carrera y la formación constante y también la gran responsabilidad con la que cargan a diario. Es difícil conseguir nuevos especialistas que estén interesados en cubrir guardias en la provincia. “Muchos profesionales eligen atender en Santa Fe”, aseguran.Otro eje importante es la desigualdad que sigue existiendo en el ámbito público, aunque las declaraciones de los funcionarios del gobierno sostengan lo contrario. Están los que, por un lado, asisten y trabajan. Y, por otro, aquellos que llegan hasta la puerta para marcar su “asistencia” desde la aplicación o con su huella y se retiran para regresar a registrar su “egreso” horas más tarde.
“El director sabe, todos saben quién cumple y saben también quién llega, marca y se va. Eso no cambió”, comenta una trabajadora administrativa consultada.
Cambian los gobiernos, cambian rostros y nombres. Sin embargo, ejes sensibles como salud, educación y seguridad, siguen siendo materias pendientes para el sector político en la provincia.
Avances edilicios y equipamiento
Miriam Villalba, coordinadora ejecutiva de la Dirección de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), informó que se realizan relevamientos edilicios de forma continua. Expresó, además, que no solamente se efectúan evaluaciones sino que, al mismo tiempo, se articulan las tareas de reparación y ampliación que sean necesarias.
La funcionaria explicó que su equipo técnico recorre los efectores públicos distribuidos en los distintos departamentos de Entre Ríos. Que registran necesidades de refacciones, ampliaciones y equipamiento y, al mismo tiempo, responden a requerimientos de asistencia que reciben de intendentes y legisladores.
Villalba aseguró que los integrantes del grupo comparten ideas, planifican, realizan controles y gestiones para que los trabajos se lleven a cabo de forma correcta, con el propósito de brindar soluciones que perduren, en pos del bienestar de los entrerrianos, sin distinción partidaria.
Urgencia en salud mental
En el decreto mediante el cual se declaró la urgencia en salud mental se reconoce la necesidad de abordaje prioritario en la materia y se habilita la redistribución de recursos, pero no se habilita presupuesto para destinar al área, explicaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).Actualmente, hay localidades de la provincia que no cuentan con turnos libres, ya que la atención de psicólogos o psiquiatras se encuentra limitada a dos días al mes.
En los CAPS existen extensas listas de espera. Los profesionales esperan renovar suplencias cada seis meses. Les asignan una cantidad de horas por las que facturan, pero son insuficientes para las solicitudes de atención, sobre todo en cuestiones de violencia y consumos problemáticos.
