La discusión sobre la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio encuentra antecedentes inmediatos en dos de las tres provincias de la Región Centro: Santa Fe y Córdoba. Ambas administraciones justificaron sus cambios en la necesidad de reducir déficits crecientes de sus cajas previsionales y garantizar su sustentabilidad financiera.
A continuación, un informe centrado en datos sobre los objetivos fiscales de las reformas, los resultados observados hasta el momento y los efectos concretos sobre trabajadores activos y jubilados.
La reforma previsional santafesina fue aprobada en septiembre de 2024 durante la gestión de Maximiliano Pullaro. El gobierno provincial argumentó que el sistema acumulaba un déficit creciente que superaba los 90.000 millones de pesos en los primeros cuatro meses de 2024 y proyectaba cerrar ese año por encima de los 400.000 millones.
Entre los principales cambios implementados se incluyeron:
El objetivo explícito fue reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, considerado uno de los principales factores de presión sobre las cuentas públicas santafesinas.
Si bien la reforma es relativamente reciente y todavía no existe una serie consolidada de largo plazo que permita medir el ahorro estructural definitivo, el gobierno santafesino sostiene que la norma apunta a desacelerar el crecimiento del rojo previsional y mejorar la sustentabilidad futura del sistema.
Los principales efectos concretos fueron:
La reforma generó una fuerte reacción sindical. Los gremios docentes y estatales realizaron paros y movilizaciones durante su tratamiento legislativo.
El caso cordobés es distinto porque las modificaciones comenzaron antes. La reforma central fue aprobada en mayo de 2020 mediante la Ley 10.694, denominada Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional.
Al momento de la sanción, el gobierno de Juan Schiaretti proyectaba para 2020 un déficit cercano a los 35.500 millones de pesos en la Caja de Jubilaciones.
Posteriormente, tanto Schiaretti como Martín Llaryora sostuvieron que el desequilibrio estructural continuó siendo elevado debido, entre otros factores, a la deuda que la Nación mantiene con Córdoba por la no transferencia de la caja previsional.
La ley avanzó en:
Posteriormente se sumaron ajustes complementarios durante 2025.
La provincia sostiene que las reformas permitieron contener parcialmente el crecimiento del déficit y evitar un deterioro mayor de las cuentas previsionales. Sin embargo, el sistema continúa registrando déficit y Córdoba mantiene abierto el reclamo contra el Estado nacional por fondos adeudados.
Los acuerdos judiciales alcanzados con Nación en los últimos años mejoraron parcialmente el financiamiento del sistema previsional cordobés.
Los principales efectos observados fueron:
A la vez, Córdoba implementó posteriormente políticas compensatorias para haberes más bajos. En 2025 elevó significativamente el haber mínimo y otorgó bonos extraordinarios a jubilados de menores ingresos
| Aspecto | Santa Fe | Córdoba | Proyecto Entre Ríos |
|---|---|---|---|
| Objetivo central | Reducir déficit de la Caja | Reducir déficit y armonizar parcialmente | Reducir déficit y sostener la Caja |
| Aportes extraordinarios | Sí | Sí | Sí |
| Cambios en cálculo jubilatorio | Sí | Sí | Sí |
| Modificaciones en pensiones | Sí | Sí | Sí |
| Debate sobre edad jubilatoria | Parcial | Parcial | Sí |
| Resistencia sindical | Alta | Alta | Alta |
Los datos disponibles permiten observar tres conclusiones principales:
En ese marco, la discusión entrerriana se inscribe en una tendencia que ya atravesaron otras provincias con cajas previsionales no transferidas, donde la búsqueda de equilibrio financiero convivió con fuertes controversias políticas, sindicales y judiciales sobre el alcance de los cambios y su efecto sobre los derechos previsionales.
