Una denuncia presentada este miércoles ante el Ministerio Público Fiscal señala un presunto mecanismo de recaudación ilegal dentro de la Policía de Entre Ríos, al que los propios denunciantes denominaron la causa de los “adicionales truchos”. De acuerdo a la presentación, el caso configura un “escandaloso saqueo de fondos públicos” que involucraría a sectores de la cúpula policial y a civiles, mediante un sistema que habría permitido desviar recursos hacia bolsillos particulares. La denuncia, que según indicaron sus impulsores demandó “meses de arduo y responsable trabajo”, describe una operatoria compleja cuya magnitud —afirman— reviste gravedad institucional.
Aunque se trata de funcionarios policiales en actividad, los denunciantes solicitaron expresamente la reserva de su identidad por temor a represalias dentro de una estructura que describen como “jerárquica y verticalista”. La presentación fue patrocinada por los abogados Rubén Alberto Pagliotto y José Antón Pastori, quienes quedaron como voceros legales del planteo.
En paralelo, los efectivos promovieron una medida cautelar urgente para resguardar su integridad física, psíquica y laboral, así como la tranquilidad de sus familias. En ese marco, pidieron al fiscal interviniente que se notifique al jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio Omar González, a fin de que se abstenga de adoptar cualquier medida administrativa que pueda interpretarse como represalia.
El planteo incluye un pedido explícito de “no innovar” sobre la situación laboral de los denunciantes; es decir que no se dispongan traslados, cambios de destino o turno, ni sanciones disciplinarias sin sustento técnico y legal previo. Asimismo, solicitan que se garantice la intangibilidad de sus condiciones de trabajo y se evite cualquier tipo de hostigamiento, vigilancia o intromisión en su vida privada.
En los fundamentos de la cautelar, advierten que la operatoria denunciada demostraría la capacidad de los involucrados para utilizar herramientas institucionales —como sumarios internos o cambios de destino— como mecanismos de presión o castigo. Por ello, consideran indispensable la intervención directa de la máxima autoridad policial para evitar maniobras de encubrimiento o destrucción de pruebas.
El escrito también plantea que cualquier medida adoptada contra los denunciantes tras la notificación a la Jefatura podría ser interpretada, en principio, como una represalia o un intento de entorpecer la investigación judicial, con eventuales consecuencias penales por abuso de autoridad.
Los denunciantes consideran que el gobernador Rogelio Frigerio deberá intervenir de manera inmediata en el área de Seguridad que depende del ministro Néstor Roncaglia, en línea con sus reiteradas declaraciones públicas sobre la transparencia de su gestión.
