La realidad de la red vial entrerriana evidentemente es un problema sin solución para la administración Frigerio. Esta circunstancia independientemente de las responsabilidades de gestión que les competen a gobiernos anteriores, por su falta de gestión o inoperancia, se potencian en la actualidad ya que distintos sectores de la producción, de la educación y comunitarios están solicitando respuestas casi urgentes que no hay manera de responder.
El primer intento de los “consorcios camineros” puntualmente dedicados a zonas de producción donde el Gobierno proveía los fondos y la comunidad los administraba tampoco tuvo suerte ya que se demostró muy pocos interesados, mientras que la Dirección de Vialidad sigue “desangrándose” con muy pocos ingresos y muchas más responsabilidades operativas.
Pero en las últimas 48 horas el Gobierno Provincial consiguió que, en el Senado Provincial, con la oposición peronista, logró aprobar una Ley “RÉGIMEN GENERAL DE CONCESIONES DE LA PROVINCIA” que el propio Gobernador ya la preanunció el pasado 20 de abril afirmando “la Ruta Provincial 45, en la zona de Ibicuy, será concesionada a una empresa privada con el objetivo de encarar una obra integral y definitiva”.
Evidentemente esto abre el camino “político y jurídico” para concesionar rutas Provinciales a manos privadas para su reparación y mantenimiento, a cambio de un peaje que deberá ser abonado principalmente por los transportistas.
Esta nueva normativa prevé mucha discusión a futuro ya que hay muchos interrogantes a responder, ¿Cuáles serían las rutas que elegirá el gobierno para concesionar?, ¿serán convocados las distintas cámaras de transportistas para opinar al respecto?, ¿las comunidades adyacentes a dichas rutas también deberán pagar peaje ante la concesión?, ¿qué pasará (¿se seguirá pagando?) con los porcentajes que ya se pagan en el impuesto inmobiliario rural para la red vial?
Preguntas que todavía no tienen respuestas.
