Un juez federal resolvió hacer lugar a la solicitud de ser Amicus Curiae en el expediente.
Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl tendrán acceso al expediente que tramita en el Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, en el cual se analiza el reclamo judicial por la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global pretende instalar en la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a las playas de Colón.
Los legisladores nacionales del PJ lograron que el juez federal, Hernán Viri, les conceda ser “amigos del tribunal” bajo la figura de Amicus Curiae en los planteos que surjan en torno al polémico emprendimiento que ya recibió la negativa de sectores sociales de Colón.
Con el patrocinio de Vladimir Alejandro Nichajew, Michel Marclay y Bahl expusieron que “el interés jurídico actual y concreto para intervenir se configuraba en su carácter de representantes del pueblo y de la provincia de Entre Ríos, en razón de sus condiciones de diputados y senadores nacionales, y que dicha representación se ejercía en defensa del ambiente de Colón, así como de San José, Liebig, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y del resto de las localidades ribereñas del río Uruguay que recibirían la posible contaminación derivada de la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú”.
Manifestaron, también, “poder aportar una serie de consideraciones tendientes a la correcta solución del caso, en resguardo de los derechos ambientales, sociales y económicos -todos ellos protegidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y el Estatuto del Río Uruguay”.
En la presentación – a la que tuvo acceso Página Política – aseguraron que la instalación de la planta “se estaba ejecutando sin cumplir con la normativa aplicable al caso, a saber: 1) la establecida en el Estatuto del Río Uruguay; 2) la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia – UPM”, además de lo dispuesto por las leyes, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
Para el juez Viri, “teniendo en consideración los presupuestos señalados, cabe poner de resalto que se encuentran acreditadas las condiciones de legitimación necesarias de los peticionantes para constituirse en Amicus Curiae toda vez que han aportado argumentos jurídicos en relación a la cuestión ambiental que se ventila en las presentes actuaciones, el carácter colectivo de dicha materia, expresando su competencia en la misma y el interés que les incumbe a raíz de la representación legislativa invocada y ejercida por los nombrados”.
Desde el gobierno provincial han sentado posición. En un comunicado del 17 de enero pasado, se planteó que “el desarrollo de energías limpias debe ser compatible con la protección del ambiente, el turismo y la calidad de vida de las comunidades”, y se sostuvo que “la cercanía del proyecto a una ciudad como Colón hacía necesario revisar su emplazamiento”.
El gobernador Rogelio Frigerio se expresó en términos similares la semana pasada ante la Asamblea Legislativa.
