Argentina arrastra más de quince años de estancamiento, junto con una creciente primarización de su estructura productiva. Ese deterioro no se explica por leyes laborales “duras” sino por errores en la macroeconomía.
Tras el triunfo electoral de octubre de 2025, el Gobierno envió al Congreso su reforma laboral, que pretende aprobar a partir de febrero. Es evidente que el mercado laboral hace una década tiene serias dificultades para generar empleo formal y que existe la necesidad de pensar una reforma acorde a los nuevos tiempos. Ahora bien, la propuesta oficial no tiene nada de “moderna” y, lejos de resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino, los profundizaría.
La lectura oficial es que el empleo no crece y la informalidad aumenta porque la legislación es demasiado favorable para los trabajadores. La reforma habilita la negociación individual de la jornada laboral y las vacaciones, reduce las indemnizaciones por despido, amplía el período de prueba, limita el acceso a la Justicia, deroga estatutos específicos y reduce las contribuciones patronales a la seguridad social, restringe el derecho a huelga y asamblea, entre otras reformas regresivas. Un avance evidente contra los derechos de los trabajadores que actualmente se encuentran bajo una relación asalariada formal, pero que también afectaría a trabajadores que no logran esa formalidad aún.
Bajo la propuesta, cualquier relación mediada por la emisión de una factura se interpretaría automáticamente como no laboral, lo que impide su reconocimiento como vínculo asalariado. Hoy en día, emitir facturas o ser monotributista no descarta automáticamente una relación laboral, ya que los tribunales aplican el principio de primacía de la realidad y reconocen derechos cuando existe subordinación, continuidad y dependencia económica. La reforma propuesta consolidaría a diversos colectivos laborales, como los “trabajadores independientes con colaboradores” —figura introducida por la denominada “Ley Bases”— bajo relaciones “no laborales”, limitando aún más el acceso a los derechos que otorga la Ley de Contrato de Trabajo y fomentando este tipo de contratación.
Asumir que cercenando derechos laborales y la institucionalidad del mercado de trabajo aumentará la generación de empleo formal choca con nuestra propia experiencia con las políticas flexibilizadoras, con la evidencia que surge de las experiencias de otros países y también con el consenso actual en la teoría económica. En todos los casos, la realidad se impone: la creación de puestos de trabajo depende fundamentalmente del crecimiento económico sostenido, en el marco de un modelo macroeconómico capaz de fortalecer una estructura productiva generadora de empleo.
Desde una perspectiva histórica, la relación entre crecimiento económico y generación de empleo es evidente. Durante los primeros años de la posconvertibilidad, entre el tercer trimestre de 2002 y el primero de 2007, se crearon más de 2.100.000 empleos asalariados registrados en el sector privado, de los cuales el 94% se concentró en la industria, la construcción, el comercio y los servicios. La tasa de desempleo cayó del 18,5% al 8,1%, mientras que la informalidad se redujo del 43,5% al 38,2%.
En ese período, aún regía la doble indemnización, lo que demuestra que leyes laborales más restrictivas no impiden la creación de empleo cuando la economía crece de manera vigorosa. En particular, respecto de las indemnizaciones, uno de los argumentos que el Gobierno utiliza con mayor insistencia para justificar la informalidad laboral —la idea de que los empleadores no registran a sus trabajadores para evitar pagar indemnizaciones— parece tener un peso limitado en la realidad. Entre 2015 y 2025, apenas el 12% de las desvinculaciones de personal asalariado correspondió a despidos sin causa, que son los casos en los que se debe abonar indemnización.
Ahora bien, no todo crecimiento económico genera empleo. Durante el Gobierno de La Libertad Avanza más de 176.000 personas perdieron su empleo asalariado registrado en el sector privado. La mega devaluación de diciembre de 2023 y el fuerte ajuste fiscal provocaron una caída de la actividad económica y del empleo; sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2024, la economía comenzó un proceso de recuperación que no se reflejó positivamente en la dinámica laboral. Desde el mínimo registrado en abril de 2024, la actividad creció un 8,4% en la serie desestacionalizada, mientras que el empleo en el sector privado se redujo un 1%, afectando a casi 63 mil personas.
Esta divergencia se explica fundamentalmente por la composición del crecimiento: los sectores que lideran la recuperación —minería, agro y finanzas— explican menos del 9% del empleo privado registrado, mientras que los sectores más afectados por el modelo actual —industria, construcción y comercio— explican casi el 45%.
La capacidad de los sectores ganadores para absorber el empleo destruido en los sectores perdedores es muy limitada. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, la minería perdió alrededor de 7.600 puestos de trabajo, a pesar de haber registrado un crecimiento acumulado del 15,9% respecto de 2023. De modo similar, la intermediación financiera eliminó más de 3.900 empleos, aun cuando su nivel de actividad creció un 17,1%.
En la comparación regional, pese al crecimiento de la informalidad laboral, en la última década el nivel de cobertura de la Argentina es uno de los más elevados y cuenta con un marco regulatorio más desarrollado. Instituciones como el Banco Mundial, el FMI y la OIT han señalado que la regulación laboral no es necesariamente perjudicial y que las reformas regresivas impulsadas en las últimas décadas no han mostrado efectos claros sobre el empleo; y cuando los hubo, tendieron a aumentar la desigualdad.
Cuestionar la propuesta oficial no implica desconocer la necesidad de actualizar las normas laborales. El mundo del trabajo viene cambiando, no solo por el avance tecnológico, sino también por las transformaciones en las expectativas de los trabajadores.
Una agenda alternativa debería priorizar la soberanía del tiempo para mejorar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo mediante jornadas más cortas, más licencias y vacaciones y el derecho a la desconexión para el trabajo remoto, que es cada vez más frecuente. También debería reconocer las dificultades de las pequeñas empresas para garantizar condiciones laborales adecuadas, a través de regulaciones específicas y temporales.
A su vez, es necesario contar con un estatuto propio para el trabajo en plataformas que reconozca a estos trabajadores como dependientes, fortalecer la formación en el trabajo frente a la incorporación de nuevas tecnologías, recuperar la centralidad del contrato por tiempo indeterminado y reforzar los mecanismos de fiscalización, hoy claramente debilitados.
La postergación del debate legislativo hasta febrero sugiere que el texto final aún podría sufrir modificaciones. Es probable que los puntos vinculados a la organización colectiva —como el derecho a huelga y la articulación de los convenios colectivos— concentren la presión de las centrales sindicales. Al mismo tiempo, los gobernadores aliados al Gobierno buscarán introducir cambios en los artículos relacionados con la seguridad social y el régimen tributario, debido a su impacto fiscal.
Más allá del resultado final, los problemas del mundo del trabajo, que afectan de manera directa la vida cotidiana de millones de personas, deberían ocupar un lugar central en la agenda pública. Pero estos desafíos no pueden abordarse de manera aislada, sino como parte de una estrategia de desarrollo económico. Argentina arrastra más de quince años de estancamiento, junto con una creciente primarización de su estructura productiva. Ese deterioro no se explica por leyes laborales “duras”, sino por errores persistentes en el manejo macroeconómico. Sin crecimiento sostenido y una macroeconomía orientada a fortalecer los sectores que generan empleo, en conjunción con una política productiva activa, difícilmente mejore la situación del mercado laboral.
Pedro Gaite es economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE). @pgaite5
Juan Martín Graña es economista
CREDITO: PAGINA 12
