El abogado Rubén Pagliotto presentó una intimación para frenar la implementación en Entre Ríos de un sistema de provisión de meriendas basadas en alimentos industriales.
El gobierno de Entre Ríos está frente a un inminente conflicto judicial tras la presentación de una intimación formal dirigida al gobernador Rogelio Frigerio. El abogado y ex fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas, Rubén Pagliotto, exigió la inmediata suspensión del nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo 1° de agosto de 2026.
La controversia radica en el anunciado reemplazo del actual sistema descentralizado de adquisición de alimentos frescos por un modelo centralizado de provisión de productos industrializados. Según la presentación del abogado: «existen fundados cuestionamientos» de especialistas en nutrición que advierten sobre la incompatibilidad de estos productos con los estándares nutricionales exigidos para los establecimientos educativos.
El eje central del reclamo es la presunta violación de la Ley Nacional N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como Ley de Etiquetado Frontal). Pagliotto señala que los productos provistos por la empresa TEKNOFOOD S.A. son, en su gran mayoría, ultraprocesados que poseen sellos de advertencia.
El documento destaca una contradicción flagrante con la propia normativa provincial: la Circular N° 2/2023 de la Dirección de Comedores Escolares de Entre Ríos establece explícitamente que «no podrán adquirirse alimentos que presenten uno o más sellos de advertencia» en las escuelas, conforme al artículo 12 de la ley nacional. De confirmarse el uso de estos productos, el Estado provincial estaría incumpliendo sus propios marcos regulatorios destinados a proteger el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes.
La intimación también subraya la falta de acceso a la información pública. Pagliotto reveló que el pasado 20 de julio solicitó formalmente a la Ministra de Desarrollo Humano los antecedentes técnicos y bromatológicos de la contratación con Teknofood S.A., pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha.
Ante este escenario, se otorgó al Ejecutivo provincial un plazo perentorio de 72 horas para remitir copia de los actos administrativos de adjudicación y los fundamentos técnicos que sustentan la decisión.
En caso de no obtener una respuesta satisfactoria o de persistir con la medida, el letrado advirtió que promoverá acciones de amparo con medidas cautelares y formulará una denuncia penal contra los funcionarios responsables por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal). «No se trata de controvertir una decisión por oportunidad o conveniencia, sino de exigir que la política pública se desarrolle dentro del marco de la Constitución», concluyó Pagliotto en su presentación.
