A menos de 72 horas en el que el Gobierno Provincial dio a conocer sobre el nuevo sistema del “manejo de fondos de comedores escolares” para desayunos y meriendas se conocieron diversas precisiones que aún no han sido oficializadas por algún decreto provincial.
Lo primero que se conoció este viernes fue un “Descargo Público” suscripto por varios equipos directivos de instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario de Entre Ríos.
En algunos de sus párrafos expresan textualmente “valoramos que se busque mejorar la previsibilidad, la calidad nutricional y el control del sistema. Pero no podemos dejar pasar sin respuesta una idea que quedó instalada en la comunicación pública: que el cambio se justifica, entre otras razones, por la necesidad de «quitarle la posibilidad a aquellos que no tengan una buena fe en la administración de los fondos». Formulada así, sin distinguir casos, esa frase pone bajo sospecha a la totalidad de quienes gestionamos comedores escolares en la provincia, cuando la enorme mayoría lo hace con dedicación, honestidad y a costa de un esfuerzo personal, con gestiones en su tiempo libre y utilizando recursos propios que rara vez se reconoce. (Y que, en todo caso, si hay casos en los que los fondos han sido ejecutados de mala fe, tienen las rendiciones para continuar con las medidas administrativas necesarias. No implementar un comentario que desprestigia e injuria la labor de muchos directivos.)
También hacen una descripción del funcionamiento del sistema actual y dicen “quienes estamos a cargo de un comedor escolar compramos habitualmente con fondos que se depositan a mes vencido y, en no pocas ocasiones, por un monto menor al que la operación efectivamente demanda. Eso obliga a comprar «a cuenta», con la tarjeta asignada, confiando en que la acreditación posterior cubra lo gastado para sostener la Copa de Leche Provincial, la merienda, el refrigerio y el comedor. Cuando el depósito llega tarde o incompleto, es el directivo quien queda expuesto frente al proveedor y frente a la propia comunidad educativa, sosteniendo con su nombre y su gestión un servicio que depende de fondos que no maneja ni fija”.
“A esto se suma que las compras no se realizan de manera discrecional: es la propia administración provincial la que define los comercios habilitados y provee los listados donde cada escuela puede comprar. El sistema, tal como está diseñado, ya es trazable y verificable por parte del Estado. Quien quiera constatar si una compra se realizó, dónde y por qué monto, cuenta con las herramientas para hacerlo. Poner en duda la buena fe generalizada de los directivos, existiendo ese mecanismo de control, no se corresponde con los hechos”.
Y por último dicen “Nos preguntamos, en el mismo tono de cautela con el que se nos interpela a nosotros: ¿no correspondería, antes de poner en marcha una adjudicación nueva, saldar primero lo que se adeuda a quienes ya vinieron sosteniendo el servicio? Si el Estado no es el primero en cumplir con sus propios plazos de pago, la exigencia de «buena fe» no puede recaer únicamente sobre el directivo que compró a cuenta confiando en que el depósito iba a llegar”.
Sobre la nueva adjudicación
“Las declaraciones oficiales dan por hecho que la licitación «ya fue adjudicada», aunque a la fecha no hemos podido acceder a la publicación del proceso licitatorio ni conocer el nombre de la empresa adjudicataria por vías públicas. Cabe recordar que la normativa de contrataciones del Estado admite, según el monto, tanto la licitación pública como la contratación directa, con menores exigencias de publicidad y competencia. Pedimos que se informe con claridad bajo qué modalidad se realizó esta adjudicación y quién es la empresa responsable, en nombre de la misma transparencia que hoy se nos exige a nosotros.
Lo decimos también porque concentrar la provisión de alimentos escolares en un solo proveedor no es una novedad en el país, y la experiencia de otras provincias amerita cautela. Sin poder confirmar aún si la empresa adjudicataria en Entre Ríos es la misma, cabe señalar que informes periodísticos de Santiago del Estero documentaron licitaciones ganadas en soledad por una única firma proveedora de comedores escolares durante casi veinte años, contrataciones directas por miles de millones de pesos y una actualización de precios cuyo monto el propio gobierno decidió no hacer público. En Corrientes, periodistas señalaron falta de transparencia en la publicación de las partidas presupuestarias destinadas a ese mismo tipo de contratos. Si se va a exigir control y trazabilidad a los directivos que administran montos ínfimos en comparación, ese mismo estándar debe aplicarse, con mayor razón, a los contratos multimillonarios del nuevo sistema centralizado. Además, consideramos que la provincia debe apostar a su propio desarrollo económico, permitiendo que sean los proveedores locales quienes puedan hacer lo propio en este rubro. Ya que con sus aportes mediante pago de impuestos y contribuciones es que también se puede garantizar el derecho a la educación de nuestros/as gurises/as y el derecho al alimento. (De otra manera se está desfinanciando y desregulado de manera negativa, la economía de la provincia al contratar una empresa de BS AS. Dejando sin estos ingresos a los proveedores que bajo la confianza brindaban la mercadería, que es abonada meses después.)
Nuestro compromiso
Reafirmamos nuestro compromiso ético y profesional con la alimentación de nuestros estudiantes, sostenido durante años pese a las dificultades del propio sistema de financiamiento. No nos oponemos a que se mejoren los controles: los pedimos también para quienes van a manejar, de ahora en más, montos muchísimo mayor que los que administró cualquier directivo. La transparencia no puede ser una exigencia de un solo sentido.
Coherencia no es lo que se dice. Es lo que se hace.
