La Justicia Federal de Concordia avanzó sobre una compleja investigación que describe un circuito clandestino de ingreso, acopio y venta de cubiertas extranjeras sin aval aduanero. Hay embargos de hasta 10 millones de pesos y vehículos alcanzados por medidas cautelares.
La Jueza Federal de Concordia, Analía Ramponi, dictó el procesamiento de 19 personas y dispuso millonarios embargos en una causa que expone una presunta maniobra sostenida de ingreso, acopio y comercialización de neumáticos extranjeros sin aval aduanero, desplegada durante meses en distintos puntos de Entre Ríos.
La resolución alcanzó a comerciantes, transportistas y responsables de gomerías de Chajarí, Villa del Rosario y otras localidades de la provincia. Además de los procesamientos, el fallo fijó embargos de hasta 10 millones de pesos para algunos de los principales imputados, sumas de 5 millones para el resto y medidas cautelares sobre vehículos presuntamente utilizados en la operatoria.
Según la investigación judicial, que tramita ante la Secretaría Penal a cargo del Dr. Alan Bergdolt, no se trataba de episodios aislados ni de transacciones esporádicas. Por el contrario, el expediente describe una estructura estable, con roles distribuidos, lugares de descarga identificados y una dinámica repetida que se habría sostenido durante un extenso período.
La hipótesis reconstruida por la Justicia revela un mecanismo tan discreto como rentable: camiones que ingresaban desde el exterior del país con cubiertas nuevas ocultas en distintos sectores del vehículo, puntos de recepción previamente acordados, sitios de acopio, recambio por neumáticos usados y posterior reventa en el mercado interno. En las conversaciones incorporadas a la causa, esa maniobra aparecía nombrada con una expresión casi rutinaria: “desarme”.
Detrás de ese término, la pesquisa ubicó una operatoria precisa. Las cubiertas nuevas eran retiradas de los rodados y reemplazadas por otras usadas, para luego continuar su circuito por fuera de los controles formales. Mientras tanto, la mercadería presuntamente ingresada de manera irregular era derivada a galpones, gomerías y otros puntos logísticos, desde donde volvía a ingresar al mercado como si se tratara de una operatoria comercial más.
El cuadro probatorio reunido para sostener los procesamientos incluyó tareas de vigilancia, intervenciones telefónicas que generaron múltiples escuchas, registros fotográficos y filmaciones, allanamientos simultáneos, secuestro de documentación, dinero en efectivo, celulares, vehículos y una importante cantidad de neumáticos nuevos y usados.
A ello se sumaron los aforos practicados por Aduana y los peritajes sobre dispositivos secuestrados, elementos que en esta etapa del proceso fueron considerados suficientes para sostener un grado de probabilidad serio sobre la existencia de las maniobras y la intervención de los imputados.
Pero el impacto de la resolución no se limitó al aspecto penal. El fallo también avanzó sobre el plano patrimonial: dispuso embargos por 10 millones de pesos para algunos de los principales involucrados y por 5 millones para los restantes, bajo apercibimiento de inhibir bienes en caso de no ofrecer activos suficientes.
Además, la jueza ordenó el embargo preventivo de diversos vehículos identificados durante la pesquisa, reforzando la hipótesis de que detrás de aparentes actividades comerciales regulares se habría montado un circuito paralelo de alto rendimiento económico.
La causa deja así al descubierto una trama que, de acuerdo con la reconstrucción judicial, se habría movido durante al menos varios meses entre rutas, playas de estacionamiento, gomerías y galpones del norte entrerriano, hasta quedar finalmente bajo la lupa de la Justicia Federal.
