Entre 2016 y 2025, cinco vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos enfrentaron denuncias de juicio político. Cinco procesos distintos, con acusaciones que van desde el uso indebido de viáticos hasta violencia de género. El resultado: ninguna destitución. Dos renuncias estratégicas, dos rechazos legislativos y un proceso en curso que amenaza con seguir el mismo libreto.
La historia se repite con una precisión casi burocrática. Los nombres cambian —Carlos Chiara Díaz, Claudia Mizawak, Emilio Castrillon, Gisela Schumacher, Susana Medina de Rizzo— pero la coreografía es idéntica: denuncias contundentes, pruebas acumuladas, meses de trámites y un desenlace que siempre favorece al acusado, salvo que tiren la toalla antes de la campana del round final.
Susana Medina y los mismos vicios legislativos
Susana Medina de Rizzo enfrenta actualmente un proceso de juicio político por acusaciones que documentan con precisión quirúrgica un patrón sistemático de ausencias laborales y uso indebido de recursos públicos.
Los denunciantes apuntaron a los 668 días de ausencias laborales en nueve años (2015-2024). Los registros del STJ muestran que Medina se ausentó sistemáticamente de su puesto mientras cobraba su sueldo completo. Las ausencias no correspondían a licencias médicas debidamente justificadas sino a viajes personales o actividades ajenas a su función. Viajes a España, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y otros destinos, muchos financiados con fondos del STJ bajo la figura de “comisiones de servicios” o “congresos” que luego no podían acreditarse, con fondos públicos muchas veces, pero para tareas y gestiones de la Asociación de Mujeres Juezas, que presidía Medina. Los viajes se extendían por semanas, incluyendo fines de semana y feriados agregados a las comisiones oficiales, comprendiendo incluso el uso de aviones privados, aportados por Eduardo Eurnekian, violándose así todo código de ética y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina que toda dádiva debe ser informada. Medina nunca lo asentó en ningún lado. Y a ello se sumaban las críticas por una morosidad de más de 193 días en los expedientes de la Sala Laboral que preside Medina y ella sin quererlo no solo lo confirmó, en la entrevista por zoom con los diputados de la Comisión de juicio político, sino que la amplió: “Tenemos demoras de 8 a 9 meses, que es normal”, dijo, sin sonrojarse un segundo.
El proceso está a resolución final de la Legislatura, donde el PJ no quiere poner la firma a un dictamen escrito por los defensores de Medina, con el aval de ella y sin trabajo alguno de los diputados que tendrían que haber investigado las denuncias y nunca lo hicieron. Recibieron la orden de Rogelio Frigerio de archivar el caso y eso fue lo que hicieron, pese a que varios de los principales protagonistas del oficialismo legislativo estaban decididos a avanzar contra Medina y destituirla, porque entendían que la documentación era muy contundente. Uno de ellos incluso hasta amagó con cruzar a Tribunales a radicar una denuncia penal y le pidieron no lo hiciera, porque iba a ser uno menos de JxC a la hora de votar en su contra. Retrocedieron vergonzosamente sobre sus pasos y apostaron a su salvación, pero no lograron hacerlo en el recinto, después de 3 sesiones en que fracasaron. El justicialismo plantea objeciones procesales y exige más producción de pruebas, dilatando el proceso, pero se duda si alguno de ellos va a aparecer en el recinto cuando se convoque, si es que se convoca. Quizás vayan algunas de las diputadas justicialistas, identificadas con Gustavo Bordet o con Adán Bahl, para integrar el staff del equipo de salvación, a cambio de vaya a saber qué favor futuro en el STJ.
Enrique Cresto, diputado del PJ, declaró: “No podemos ser rehenes de las marchas y contramarchas del oficialismo”. La frase resume la lógica: el PJ no va a facilitar una destitución impulsada por Juntos, aunque las pruebas sean contundentes. Fabián Cian, de la ONG Entre Ríos sin Corrupción que presentó parte de las denuncias, lamentó: “Ni siquiera investigaron, claramente hubo un arreglo”.
¿Renunciará Medina como Chiara Díaz y Castrillon? ¿La rechazarán como a Mizawak y Schumacher? En cualquier caso, la historia sugiere que no habrá destitución. El patrón se mantiene intacto.
El análisis comparativo de los cinco casos revela tres variables que determinan matemáticamente el destino de cada juicio político. Chiara Díaz fue empujado unánimemente —PJ y Cambiemos— porque su salida modificaba estratégicamente la Sala Penal del STJ antes de que llegaran las causas por corrupción contra Urribarri. El peronismo lo quería fuera por ser crítico del exgobernador; Cambiemos lo acompañó porque las pruebas eran sólidas y políticamente era rentable mostrarse firme contra la corrupción.
Mizawak fue protegida por el PJ de Bordet porque desestabilizar a la presidenta del STJ en 2017 era inconveniente: el gobierno necesitaba un tribunal funcional y previsible. Además, removerla hubiera fortalecido el discurso opositor de Cambiemos sobre corrupción judicial. Además, Mizawak había sido abogada de Jorge Busti y también de Urribarri, antes de asumir en ese cargo. Y la lealtad se paga.
Schumacher fue blindada por Juntos (oficialismo de Frigerio) porque cuestionar sus fallos por el contenido de sus decisiones abría una puerta jurídicamente peligrosa. Además, el peronismo acompañó el blindaje porque tampoco quería establecer el precedente de juicio político por sentencias judiciales que disgustaran políticamente.
Castrillon era funcional al PJ: peronista, de La Paz, con historia legislativa en el partido. Aunque las acusaciones de violencia de género existían (no obstante con Medina llegaron a un acuerdo judicial sin consecuencias), se le facilitó una jubilación express para evitar el escándalo de un juicio público.
Medina está en el limbo porque ni Juntos ni el PJ quieren cargar con el costo político de destituirla o de salvarla explícitamente. Y seguramente es más fácil dejar que se venzan los plazos y se caiga el juicio político. Claro que no es lo mismo para Medina y ello quizás hasta la lleve a renunciar como Chiara Díaz o Castrillon. Dejar vencer los plazos y caer el juicio político es como el condenado que queda libre por prescripción judicial. No habrá nada que celebrar en la casa de Medina, ni tampoco en el STJ, donde la vocal perdió todo consenso y credibilidad por sus contínuas faltas a la verdad a la hora de dar respuestas.
Quedó claro que cuando el oficialismo tiene números sólidos y cohesión (Mizawak en 2017 con el PJ; Schumacher en 2024 con Juntos), el rechazo es expeditivo y sin fisuras. No se producen pruebas, no se investiga a fondo, se rechaza in limine o con dictamen de mayoría que descalifica todo. Cuando hay unanimidad opositora real (Chiara Díaz 2016-2017), el acusado renuncia preventivamente porque sabe que el juicio llegará hasta el final y terminará en destitución.
Cuando hay división o falta de consenso (Medina 2024-2025), el proceso se empantana: no avanza, pero tampoco se cierra, queda en un limbo de sucesivas postergaciones.
La jubilación express de Castrillon mostró que el gobernador puede intervenir directamente para salvar a un vocal cuando la política lo requiere. La Caja de Jubilaciones, controlada por el Ejecutivo provincial, respondió en una semana a un trámite que usualmente demora meses. En el caso Chiara Díaz, el gobernador Bordet aceptó la renuncia “de inmediato” mediante decreto, facilitando la salida.
En el caso Mizawak, el gobierno de Bordet aseguró la protección legislativa del PJ. En el caso Schumacher, el gobierno de Frigerio no se opuso al blindaje legislativo de Juntos.
El juicio político en Entre Ríos funciona como válvula de escape institucional: permite denunciar, investigar, acusar, pero nunca condenar. Es un teatro republicano donde los roles están claramente distribuidos: la oposición acusa, el oficialismo protege, los acusados renuncian o resisten según convenga, y la impunidad se perpetúa.
El poder político de turno —sea peronista o de Juntos— opera con la misma lógica: proteger lo que sirve, sacrificar lo que estorba, dilatar lo que incomoda. Los vocales del STJ no rinden cuentas ante la ley sino ante el cálculo político. Y ese cálculo, invariablemente, favorece la impunidad, en medio del mirar para otro lado del Poder Legislativo, que sigue olvidando el rol de contralor que tienen en el sistema democrático entrerriano. No hay que investigar, no hay que indagar nada, no hay que estudiar, no hay que mirar procesos irregulares ni advertir sobre los abusos de poder que existen.
Mientras tanto, los viáticos se siguen cobrando, las ausencias se siguen justificando, los recursos públicos se siguen usando discrecionalmente, y el Poder Judicial sigue sin rendir cuentas reales ante nadie e incluso creando nuevos reglamentos y resoluciones para favorecer a cada uno de los vocales, como si fueran otro Estado. El poder se cuida entre sí. Y en Entre Ríos, ese cuidado mutuo ha demostrado ser más efectivo que cualquier investigación legislativa, cualquier denuncia periodística y cualquier reclamo ciudadano.
