En términos reales, la reducción del gasto será del 6 por ciento en servicios sociales; del 23 por ciento en educación y cultura; del 48 por ciento en vivienda y urbanismo; del 20 por ciento en promoción y asistencia social; del 8 por ciento en salud; del 17 por ciento en ciencia y técnica; y del 20 por ciento en agua potable y alcantarillado.
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