A un poco más de nueve meses de la llegada al gobierno nacional del peronismo y las fuerzas políticas que conforman el Frente de Todos, es fundamental hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre la sensatez de muchas decisiones, la insensatez de otras tantas, lo necesario e impostergable que debemos resolver y el alcance de un nuevo horizonte de posibilidades. Aquel que comenzó a asomarse el 27 de octubre pasado, cuando el voto mayoritario del pueblo argentino decidió torcer el rumbo al que estuvo sometido durante cuatro años.
Comencemos por la sensatez. Las cosas estaban bastantes claras desde el minuto uno del accidentado partido que nos toca jugar. La herencia del gobierno antipopular de Macri implica condicionamientos estructurales y conflictos con sectores ganadores del ciclo presidencialista anterior, que se desplegarán a lo largo del tiempo mediato. No se pueden dar todas las batallas juntas. Hay que saber cuándo, dónde y de qué forma para ser lo más efectivos posible. La transferencia de ingresos de los sectores populares a los grupos concentrados, la reducción de funciones y presencia del poder regulador e interventor del Estado, la política de reprimarización productiva, el condicionante de la deuda externa y así podríamos enumerar hasta el cansancio, las políticas que implementó el gobierno de los sectores dominantes.
Había que poner un punto de partida claro. La ley de solidaridad social y reactivación productiva, buscó, durante los primeros días, marcar un sendero inmediato. Los aumentos fijos otorgados a quienes perciben ingresos de alguna naturaleza, los sucesivos decretos que buscaron proteger el empleo, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, la asistencia urgente a los sectores terriblemente empobrecidos y la negociación de la deuda en dólares bajo legislación extranjera, entre otras, fueron las primeras medidas para poner un aliciente rápido a tanto dolor y sufrimiento acumulado.
Como quien no quiere la cosa, al poco tiempo de haber comenzado el camino elegido por la voluntad popular, un virus mutó, se expandió y está causando transformaciones trágicas, inimaginables hasta hace unos pocos meses atrás. En primer lugar, las circunstancias sanitarias, pero inmediatamente después la situación socioeconómica y la manifestación -quizás más nítida por tener que llevar adelante una necesaria cuarentena- de los problemas estructurales que tenemos, esos que arrastramos hace décadas, que la democracia que supimos conseguir no pudo dar respuestas; y los más recientes, agravados por la versión más cruda del neoliberalismo vividos los últimos cuatro años, algunos a punto de colapsar, como por ejemplo, la situación del trabajo, el empleo, la ocupación, el hábitat y la vivienda y los lazos de organización social del territorio.
Un dato de la realidad muestra claramente lo delicado de la situación límite a la que hemos llegado: la fuerza de trabajo en nuestro país, es de un poco más de 22 millones de personas. Para el primer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se inscribieron 13 millones de personas. Es decir, más de la mitad de esa población, tiene problemas laborales, están desocupados, subocupados, trabajan en la informalidad, etc.
En el contexto de esta pandemia, la sensatez ocupó parte de las definiciones políticas y de las decisiones que fueron aplicándose. El Ingreso Familiar de Emergencia, la Asistencia al Trabajo y la Producción y la ampliación del gasto público para atender con distintas políticas públicas a los sectores más castigados, son algunas de las medidas que dan cuenta de esto. Las más recientes son la declaración de servicio esencial a la telefonía móvil e internet y el proyecto de ley que grava por única vez (¿?) las grandes fortunas.
Lo insensato puede apreciarse en casos muy concretos. Delicados. Importantes. Algunos trascendentes en el orden de las cosas que modifican la vida en sociedad. Comencemos por el aspecto económico. Parte de nuestro contrato electoral fue, en gran medida, terminar con la híper especulación del sistema financiero. Y esto no es sencillo, pero algún día hay que empezar. Si bien las tasas de referencia han bajado muchísimo -de un 70% en promedio a un 38%- la bola de Leliqs no para de crecer. Estas letras que solo pueden adquirir los bancos, se han casi triplicado en estos nueve meses de gobierno. Este es un serio problema, y no me refiero a las Leliqs, sino a la preponderancia del capital financiero en el modelo económico. Hagamos un poco de memoria. El arquitecto del ciclo de financiarización fue el ministro de economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz -representante de la oligarquía diversificada de entonces- con la ley de entidades financieras que comenzó a regir en 1977, la cual, con modificaciones en el camino, aún persiste en sus bases fundamentales. Es imposible pensar que pueden coexistir ambas cosas. Por un lado, el fortalecimiento del Estado en materia regulatoria, interviniendo donde sea necesario para asegurar el bienestar de su población, monopolizando sectores económicos estratégicos para el desarrollo nacional y construyendo un modelo productivista, industrialista, tecno industrialista y solidario, con la preminencia del capital financiero, la desregulación total que necesita para que se generen sus rentabilidades extraordinarias y ficticias, en un marco de especulación permanente, que tiende además, a penetrar en todos los órdenes de la vida social.
Se hace imperioso, para dar respuestas estructurales, terminar con uno de los factores de poder que ha sido fundamental a la hora de decidir qué se produce, para quién se produce y cómo se distribuye. No habrá ciclo virtuoso de crecimiento, empleabilidad y desarrollo si seguimos sometidos al especulismo del capital financiero. Como tampoco habrá posibilidades reales de sentar bases sólidas para la conversión tecno-científica e industrial del siglo XXI en nuestro país, si los ciclos económicos siguen empujados a las crisis recurrentes por las restricciones externas y la falta de divisas. Esos cuellos de botella, producto de la carencia de dólares para sostener un modelo que entra en crisis recurrente cada 10 años, nos postergan en el subdesarrollo permanente. Los extravíos de los modelos económicos de la última etapa democrática le han costado padecimientos terribles al pueblo de nuestra patria.
Otra de las decisiones que podrían ubicarse en este umbral, fue la estrambótica pirueta que se intentó con Vicentin, la empresa agroexportadora líder en el segmento de negocios que representa. El sector primario además explica entre el 7% y el 9% del PBI, genera entre el 5% y el 7% de trabajo registrado y aporta 6 de cada 10 dólares que la Argentina exporta. Este último dato es el que hay que tener presente. La expropiación de la empresa, no solo apuntaba a recuperar legítimamente recursos que les pertenecen a todos los argentinos por las deudas de Vicentin con el banco Nación, pagarles a los acreedores (más de 2000 productores de Santa Fe), sino que y fundamentalmente, el Estado sea testigo en un sector estratégico para nuestro país. Las grandes empresas (nacionales y multinacionales) controlan el comercio exterior de granos con muchísima discrecionalidad y arbitrariedad. Poseen puertos propios, vías navegables a disposición, autonomía en las declaraciones juradas de las cantidades exportables y un conjunto de beneficios administrativos y contables para liquidar las cosechas y pagar los impuestos correspondientes. El debate no solo es por las deudas de la empresa con el banco estatal. También es hora de debatir, una vez más, la presencia del Estado en los segmentos económicos estratégicos para la Argentina. Nuestra historia nos ha demostrado hasta el cansancio que la elite argentouniversal nunca se pudo hacer cargo de un proyecto nacional que nos abrace a todos y todas.
Dentro de lo necesario, se inscriben muchas de las acciones que ha tomado el gobierno nacional para paliar la catastrófica situación socioeconómica, sociolaboral, socioeducativa, habitacional y sanitaria que asfixia la dignidad del pueblo argentino. Todo, pero absolutamente todo, se agravó con la pandemia y la consecuente cuarentena. Desde el primer momento se arbitraron medidas para contener lo que parecía próximo a una tragedia social. El despliegue de las organizaciones de la sociedad civil, políticas y sociales, religiosas de variados tipos y el espíritu caritativo y filántropo de otras tantas fundaciones y ONGs, permitió contener y asistir al conjunto de los sectores populares que peor la están pasando.
Lentamente se van levantando las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio, y los acuciantes problemas pospandemia comienzan a emerger con mucha fuerza. Es aquí donde debemos pensar en convertir lo necesario en lo posible. Es tiempo de comenzar a transitar la agenda política de la pospandemia, donde no solo se debata el rol del Estado como articulador de iniciativas, sino también la determinante organización social que debemos construir y poner en marcha para conquistar esos pisos de dignidad y trabajo.
No hay proyecto político sólido sin un pueblo con resortes de poder. Estos deben permitir prepararnos para librar las batallan futuras, que son las batallas presentes, para juntar los pedazos que nos dejaron y construir una argentina socialmente justa, políticamente plural, que reorganiza la ocupación de su territorio, ecológicamente sustentable y que genere trabajo y ocupación para todos y todas.
Crédito: INFONATIVA.COM
