La mafia judicial, el estado paralelo, como los denominó Cristina Kirchner, dictó una condena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta de la vicepresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo es grotesco y sustentado en planteos que fueron derrumbados durante los tres años de juicio.
Por ejemplo, dibujan los magistrados que con las licitaciones que ganó Lázaro Báez se beneficiaba Cristina, una hipótesis descabellada sobre la que no hay ninguna prueba ni se presentó la más mínima evidencia. Todo el vínculo existente fueron algunos alquileres que totalizaron unos ocho millones de pesos en cinco años. En cambio, los jueces dicen que el perjuicio para el Estado fue de 84.000 millones de pesos. O sea, no hay vínculo alguno entre las cifras, además de que los alquileres -así se probó- no podían incluir ninguna coima porque fueron a valores de mercado e incluso un poco menos. Pero, sobre todo, no se encontró ni un mensaje, un correo, un testigo que dijera que Cristina dio alguna instrucción o que sugiriera alguna medida relacionada con las rutas de Santa Cruz.
Como no hubo condena por asociación ilícita, los jueces tienen que probar el vínculo de cada uno de los condenados con el fraude y, por lo tanto, tendrán que dibujar algo respecto de Cristina, teniendo en cuenta que no tuvo la menor comunicación con ninguno de los otros acusados. El fallo tiene una única explicación: sacar de la cancha a la principal referente del peronismo. Al final, la asociación ilícita fue el aparato judicial.
Como se sabe, lo resuelto por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso (éste último el juez más macrista y que propuso condenar también por asociación ilícita) es apelable a la Cámara de Casación, después de que se conozcan los fundamentos del fallo, el jueves 9 de marzo de 2023.
La Casación es un terreno más que minado, de fuerte alianza con Juntos por el Cambio. Convalidó todo el proceso y allí conviven, como se vio en los chats sobre el vuelo privado a Lago Escondido, Carlos «Coco» Mahiques y Diego Barroetaveña, junto a los visitantes de Olivos y la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Estos dos últimos, integrantes de la Sala IV, son los que deberán resolver las apelaciones del equipo de defensa de Cristina, encabezado por Carlos Beraldi. Parece un chiste, pero es real.
La lógica indica que la Casación tardará en resolver la apelación hasta principios de 2024, según analizan quienes conocen los tiempos procesales. Y luego, CFK –y todos los que fueron condenados– podrán presentar un recurso ante la Corte Suprema, que no tiene plazos. Lo previsible es que haya decisión del máximo tribunal en 2025. Mientras tanto, la inhabilitación no rige y la vicepresidenta puede ser candidata, tal cual lo indica el antecedente de Carlos Menem. El riojano fue condenado por un tribunal oral en la causa por el contrabando de armas, el fallo fue confirmado por Casación y aun así fue candidato a senador y obtuvo la banca. Murió integrando la Cámara Alta. CFK dijo este martes que no será candidata a nada, que va a estar sin fueros, pero no tendrá impedimento legal.
Los integrantes del tribunal publicaron un texto de ocho páginas para explicar el fallo, una especie de adelanto de lo que darán a conocer el 9 de marzo. Alcanza para verificar la incoherencia y arbitrariedad.
Como señaló la vicepresidenta, la condena estaba escrita desde el primer día. No había otra decisión posible de un juez, Rodrigo Giménez Uriburu, que jugaba al fútbol en el mismo equipo que el fiscal Diego Luciani, en la quinta de Mauricio Macri. La trama fue revelada por Página/12. No iba a prosperar la recusación de ese equipo porque los que decidieron fueron Hornos y Borinsky, que lo visitaban clandestinamente en la Casa Rosada y Olivos.
Era imposible imaginar una absolución con el trasfondo del viaje a Lago Escondido -también revelado por Página/12-, pagado por el grupo Clarín, y con los jueces y funcionarios macristas evaluando cómo falsificar pruebas y esconder delitos. Allí estaban Julián Ercolini, el juez que instruyó la causa Vialidad, y el padre del fiscal Ignacio Mahiques, uno de los dos que impulsó la acusación original.
La condena estaba cantada cuando la Corte Suprema -en guerra con el Poder Ejecutivo y alineada con el macrismo- dictó un fallo feroz sobre la causa Vialidad cuando justito estaban por alegar Luciani y Mola rechazando todos los recursos de las defensas. Por ejemplo, los defensores habían sostenido que no se podía hacer un juicio sin las más elementales pericias o con la intervención de magistrados visitantes de Casa Rosada y Olivos. Los cortesanos no aceptaron nada y pegaron un golpe que fue una especie de vía libre para condenar.
La base del fallo, el objetivo, es la proscripción. Y para esto tuvieron que redactar un texto contradictorio, que destila odio ausente de toda prueba. Al final, la asociación ilícita fue el tribunal y todo el estado paralelo que tuvieron detrás.
CREDITO: PAGINA 12