Desde que se empezó a investigar, analizar y revisar la cuestión del río Paraná, trabajar en esta línea implicó formas de militancia contra el falso argumento de que «no se está privatizando”. Negación vana, porque el río Paraná ya está privatizado de hecho y la cuestión ahora es la continuidad de la concesión actual, otorgada por Menem en 1995 y que termina el 30 de abril próximo.
A esto apunta la constitución de una Comisión de Defensa de la Soberanía sobre el río Paraná en toda su extensión, que convoca a diferentes partidos, colectivos, grupos políticos y referentes del campo popular a fin de aprovechar todos los recursos constitucionales y democráticos tendientes que el pueblo decida acerca del río mediante la convocatoria a un referéndum vinculante.
Sólo esa consulta garantiza conocer la voluntad popular acerca del destino, uso, explotación y cuidado de los bienes naturales –tierras, subsuelos, aguas, bosques y montañas–- y en particular y en este momento, ayudaría a definir si se entrega o no la administración y control del río a intereses extranjeros.
Como esta columna ha sostenido, existe y es muy fuerte en muchos ámbitos el convencimiento de que es inminente la concesión del control y administración del Paraná en beneficio de consorcios multinacionales extranjeros, concesión que estaría siendo impulsada en forma confusa, maliciosa y oscura por medios de comunicación ostensiblemente financiados por intereses extranjeros, que estimulan sin admitirlo una peligrosísima entrega de soberanía.
Lo cierto es que la cuestión de la mal llamada «hidrovía» ha contribuido -–de forma inesperada– a poner en evidencia muchos otros graves procesos de cesión de soberanía en todo el territorio nacional. Como las leoninas entregas de muchos bienes naturales (petróleo, litio, oro, plata, cobre, bosques, acuíferos, recursos ictícolas y agropecuarios) en favor de potencias extranjeras y/o consorcios transnacionales, y siempre en perjuicio del pueblo argentino, que es el único y verdadero propietario del territorio nacional, en superficie, subsuelo y espacio aéreo.
Es tan abrumadora como abusiva la reiteración sistemática de acciones y engaños por parte de lobbies empresariales en contra de los intereses de nuestro pueblo, que por décadas ha asistido con impotencia al constante y ruinoso retroceso del rol del Estado. Por eso resultaría imperioso y saludable terminar de una vez con la sostenida pérdida de soberanía que nuestra nación viene padeciendo, y cuyo resultado principal y más notorio son los gigantescos perjuicios económicos.
Varios economistas y académicos serios y respetados, consultados para esta nota, señalan que si solamente las 8 empresas líderes del comercio exterior por el Paraná declaran vender unos 30.000 millones de dólares por año, en sólo 10 años de control estatal del río podríamos acercarnos mucho al pago total de la deuda externa que nos abruma. Con simples hipótesis de que cada año esas empresas exportan sin declarar el 10, el 20 o el 30% (que sin dudas lo hacen) puede afirmarse con seguridad que en sólo una década de control y cobro de derechos de exportación, el río Paraná solito pagaría gran parte de la deuda externa bruta de la Argentina. Que al 31/12/2020, vale recordarlo, alcanzó la cifra astronómica de 335.600 millones de dólares.
Fácil es imaginar que, con una sana administración de los recursos por parte del Estado, las ganancias que obtendríamos como país permitirían sacar rápidamente de nuestras espaldas semejante peso. Y además se fortalecerían áreas claves de la producción, la industria naval y la recaudación impositiva entre otros beneficios, asegurando la creación de decenas de miles de empleos (se calculan unos 30.000 sólo en la industria naviera y la recuperación de nuestras flotas nacionales, fluvial y marítima).
No en vano se ha generalizado la protesta por el manejo de la cuestión desde el Ministerio de Transportes, donde todas las disposiciones del cada vez más cuestionado Decreto 949/20 apuntan a achicar la presencia del Estado y anular su función natural de control y garante de los derechos argentinos. Incluso la audiencia pública convocada ahora para debatir el imprescindible Canal Magdalena está sospechada de ser un mero factor de distracción, ya que parece evidente que el actual permisionario del río incumple tanto con el dragado eficaz como con el balizamiento del Paraná, lo que fortalece el punto de vista de quienes sostienen que el Presidente se equivocó esta semana al declarar que «el trabajo del dragado es un trabajo que lo hacen muy pocas empresas en el mundo porque exige una tecnología de altísimo costo y eso es muy difícil que lo pueda hacer el Estado”, argumentación que sólo un ministro de nula responsabilidad y lealtad pudo dejar pasar. Porque el dragado es un negocio en extraordinario crecimiento y son muchos los países que se hacen cargo en forma directa. Y además la permisionaria actual realiza casi todos los trabajos con mano de obra argentina tanto a bordo como en tierra, y las dragas son casi todas argentinas, lo que hace absurdo extender esa concesión.
La cuestión de la Soberanía no es una decisión técnica; es política. Y en ese sentido la pérdida sistemática de Soberanía es la definición perfecta de la tragedia argentina. Por eso alarma la sola posibilidad de que se presione a nuestro gobierno para condicionarlo a organismos internacionales, como acaba de «invitar» el Ministro Meoni a la OCDE para garantizar transparencia, lo que parece equivaler a que el zorro sea garante del gallinero.
Es por todo esto que la posible Comisión de Defensa de la Soberanía sobre el río Paraná aparece con un saludable intento de resistencia cívica, al impulsar un proceso de consulta popular vinculante en los términos que establece el artículo 40 de la Constitución Nacional, plebiscito que, de realizarse, esta columna no duda de que servirá para que el pueblo argentino exprese su verdadera e indesmentible voluntad, lo que de paso fortalecerá muchísimo al gobierno del FdT. Por eso esta columna viene sosteniendo que entregar el río Paraná sería como entregar las Malvinas.
CREDITO: PAGINA 12
