Además, con otra ley, amplió la definición de pornografía infantil para que cubra a víctimas de hasta 18 años.
En su cumpleaños número 83, el Papa Francisco dispuso la abolición del secreto pontificio para denuncias de presunto abuso sexual cometido por sacerdotes. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2020, era reclamada por sobrevivientes de abusos desde hace años, en paralelo al crecimiento de las denuncias contra religiosos. La normativa, además, amplía definición de pornografía infantil para alcanzar a víctimas de hasta 18 años y habilita a laicos a defender en tribunales de la Iglesia a personas involucradas en delitos sexuales sin tener que pedir autorización. La ley titulada «Instrucción sobre la reserva de las causas» cuenta con cinco artículos que intentan dar respuesta a la explosión global de los escándalos de abusos, a sus propios errores en la gestión del tema y los reclamos de víctimas, instituciones de Justicia y católicos, que piden más transparencia y que se exijan responsabilidades a los agresores.
El «secreto pontificio» eliminado por Francisco se refiere a la confidencialidad en el manejo judicial de los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y otros delitos graves de este tipo, normalmente manejado en el Vaticano en la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) y también en las Iglesias locales. Hasta ahora el «secreto pontificio» en estos casos había representado un problema enorme para los abogados de las víctimas de abusos que no podían tener acceso a información. «El Santo Padre ha dispuesto que este tenga firme y estable vigor, pese a cualquier cosa contraria aún digna de especial mención, que sea promulgadada a través de su publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor inmediatamente y por lo tanto publicado en el comentario oficial de las Acta Apostolicae Sedis», expresó el cardenal y secretario de Estado, Pietro Parolin, en la introducción de la ley. Las nuevas normas son una nueva enmienda al derecho canónico, un código legal que detalla la justicia eclesiástica para delitos contra la fe. En este caso, los cambios afectan a los abusos sexuales a menores o personas vulnerables cometidos por sacerdotes, obispos o cardenales. El peor castigo que puede recibir un sacerdote dentro de este sistema es ser expulsado del clero.
Fuente: Perfil.com
