El gobierno nacional procedió a eliminar toda la estructura de la aplicación de la Ley de Educación Nacional y su reemplazo por otra de “talentos”, “neurociencias”, “capacitación laboral”, “innovación”, “calidad” y otros conceptos que desconocen la inclusión y los saberes pedagógicos colectivos que produce la escuela pública.
Hace algunos años, Pablo Pineau, Nicolás Arata, Marcelo Mariño y Belén Mercado publicaron un libro titulado “El principio del fin”, que analizaba la política educativa de la última dictadura militar. En términos generales, organizar un sistema educativo es una apuesta a largo plazo, en el que concurren infinidad de variables, avances y retrocesos, consolidaciones y debilitamientos. Los mejores aliados para una política educativa fuerte son el tiempo y, en él, el sostenimiento de políticas que tiendan a ampliarlo y fortalecerlo. Los peores enemigos, por otro lado, son una vida institucional llena de baches y humos fundacionales que buscan barrer con lo construido previamente. Y ése es el proceso que se vivió durante la segunda mitad de los 70, y que estamos viviendo desde que Esteban Bullrich tomó la conducción del Ministerio de Educación (y ahora, Deportes) de la Nación: el fin de una forma de pensar y trabajar las políticas educativas.
Antecedentes
La tensión más fuerte, en la macropolítica del sistema educativo argentino, es la de centralización/descentralización. La gestión directa de las escuelas –su infraestructura, el pago de los salarios, los conflictos emergentes específicos, los mecanismos de apoyo– están bajo la jurisdicción de las provincias de forma total desde 1991, con la transferencia de los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario. De manera que, desde ese entonces, el Ministerio de Educación de la Nación es objeto de cuestionamientos: ¿Cuál es, específicamente, su función, si no tiene escuelas a cargo? Más acuciante se hizo esta pregunta, en tanto las políticas curriculares –qué materias se dictan, la duración de cada ciclo, los contenidos mínimos, etc.– se consensúan en el Consejo Federal de Educación, que reúne al titular nacional y a los de cada provincia, para dar cierta unidad al sistema.
Ante esta incertidumbre funcional, la Ley de Educación Nacional de 2006 dejó sentadas cuáles son las responsabilidades del Estado nacional y de los Estados provinciales respecto del sistema educativo. A partir de allí, la gestión nacional destinó una importante cantidad de presupuesto, personal y energía en articular con las provincias una serie de acciones tendientes a fortalecer la educación en todo el territorio. Aunque, por otro lado, la ley kirchnerista cristalizó aspectos que este autor considera perniciosos –no comenzó a revertir la sobrefederalización del sistema, ni la injerencia de la educación privada y ONG, ni avanzó sobre la laicidad del sistema, sino que dejó asentados por ley características que se habían configurado de hecho a partir de la Ley Federal de Educación–, esta norma planteó un marco que abrió un nuevo panorama de intervenciones específicas del Estado nacional sobre el sistema educativo. De 2006 a 2017, la estructura ministerial se fue diseñando –algunas veces creando oficinas que se superponían entre sí– en torno a esta ley, que otorga un rol importante al Estado nacional. La Ley de Educación Nacional –esto es central aclararlo– está vigente.
Hechos
La gestión educativa de la Alianza Cambiemos, de la mano del Licenciado en Sistemas y Master en Business Administration Esteban Bullrich, comenzó incorporando a la estructura ministerial a la Secretaría de Deportes, a cargo del Colorado Mac Allister, quien fuera un rústico lateral izquierdo de Boca, Argentinos, Racing y Ferro. Con el comienzo del año 2016 y los tarifazos dispuestos por Juan José Aranguren, el funcionamiento de las universidades encontró un riesgo concreto, lo que derivó en una crisis que incluyó movilizaciones multitudinarias al Palacio Sarmiento. Eran las primeras líneas de un modelo educativo inconfesable. En julio se presentó el “Compromiso por la educación”, que esperaba instalar “la educación en la agenda y el corazón de los argentinos”, objetivo que claramente no ha logrado, salvo para cuando se producen situaciones de fuerte conflicto (el objetivo de fondo de este artículo es, precisamente, informar acerca de cuestiones que se mantienen en el más absoluto silencio mediático).
A lo largo del 2016 se fueron produciendo tandas de despidos y desmantelamiento de programas y áreas clave del ministerio, a veces por goteo, a veces de forma masiva, con el objetivo de extirpar de la estructura estatal a la “grasa militante” que identificó Alfonso Prat-Gay. Y, ya sobre año nuevo, se dispuso una nueva tanda de despidos y la discontinuidad de los contratos de 2600 tutores virtuales, lo que derivó en movilizaciones y redadas policíacas dentro Ministerio, y el amedrentamiento de los trabajadores y sus representantes. Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda de la Nación dio a conocer la subejecución casi 12100 millones de pesos en el Ministerio de Educación y Deportes durante 2016.
Efectuada la “limpieza” de parte de la burocracia heredada, en febrero se dispuso la completa reestructuración de las dependencias del Ministerio. El organigrama que había divulgado el Ministerio de Modernización apenas diez días antes ya era obsoleto: a partir del 2 de febrero de 2017 Direcciones Nacionales enteras dejaron de existir. La reestructuración se concentra en la Secretaría de Gestión Educativa (a cargo del blindado Max Gulmanelli, ex asesor del pedófilo condenado Padre Grassi), y afecta a la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, a cargo de María de las Mercedes Miguel (de quien hemos hablado cuando fueron publicados los lobbies de las neurociencias y de la conciencia fonológica) y al Instituto Nacional de Educación Técnica (a cargo de Gabriel Sánchez Zinny, quien es cotitular, junto a Esteban Bullrich, de una fundación off shore). Aunque “apenas” se reestructuran dos secretarías de un ministerio con muchas más dependencias, se trata precisamente de espacios en los que el Ministerio de Educación nacional lleva adelante sus políticas educativas específicas, para luego articularlas con las provincias. El resto de las dependencias tienen que ver con cuestiones meramente administrativas (despacho), o de formación docente (INFOD), entre otros etcéteras. Además, las secretarías en cuestión concentran a la mayor parte del personal del ministerio, justamente por las complejas y variadas funciones que la Ley de Educación Nacional le asignó.
Concretamente, la reestructuración implica:
Desaparición de la Dirección Nacional de Gestión Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Políticas Socioeducativas, que estaba a cargo del ex CEO de la tabacalera Philip Morris, quien renunció al grito de “en este país no se puede hacer nada, no sé para qué me vine”, y que pasó a ejercer funciones en Educ.Ar. Christie Newbery nunca pudo desarrollar una articulación fluida con las provincias, tal era su tarea principal. Esta desaparición deriva en:
Desaparición de las Direcciones de nivel (inicial, primaria, secundaria, jóvenes y adultos), que articulaban sus programas con las direcciones de nivel de las provincias.
Desaparición de las Coordinaciones de modalidades (rural, artística, especial, en contextos de encierro, domiciliaria y hospitalaria, intercultural bilingüe) y programas como Educación Sexual Integral.
Desaparición de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas tal como estaba estructurada. Ésta agrupaba programas nacionales de inclusión educativa por fuera de los niveles/modalidades, como Orquestas y Coros, CAI y CAJ (centros de actividades infantiles/juveniles), Ajedrez educativo, becas para alumnos de pueblos originarios y judicializados, entre muchos etcéteras, claves para la inclusión educativa en todo el país.
El pase de la planta de esas dependencias –que son personal permanente o transitorio con sus contratos recién firmados– a diferentes agencias ministeriales, sujeto a negociación agente por agente. En principio, sin embargo, las funciones que desarrollaban las direcciones y subsecretarías extinguidas pasan a quedar bajo la órbita de María de las Mercedes Miguel.
La Coordinación de Fortalecimiento Educativo Territorial, a cargo de Guillermo Devitt (con experiencia como agente de bolsa), se mantiene intacta, ya que se especula que será parte central en, lo que hipotetizamos, se convertirá el Ministerio.
Implicancias e hipótesis
La desaparición de estas dependencias deja librada a cada provincia si desean o no aplicar los programas cuyas decisiones eran centralizadas hasta ahora por el Estado nacional: de manera que, como ejemplificó @Lantos en Twitter, una provincia con educación pública religiosa por ley –como Salta, Catamarca o Tucumán– tendrá la potestad de decidir si implementa o no programas de Educación Sexual Integral, por poner un caso.
Por otro lado, estas decisiones riñen frontalmente con la Ley de Educación Nacional 26.206 –insistimos, vigente–, pues a lo largo de todo su articulado pueden encontrarse referencias concretas acerca de las responsabilidades del Estado nacional y los Estados provinciales respecto de estas políticas: y las atribuciones del Estado nacional son indelegables. Esto puede –o no– redundar en conflictos con los ministerios de educación provinciales y reclamos el ámbito natural donde deberían dirimirse: el Consejo Federal de Educación. Sin embargo, no parece ser ése el camino elegido: la semana que pasó los gobernadores se reunieron sin Esteban Bullrich para diagramar estrategias de cara a las paritarias, y acordaron no poner un piso. La paritaria nacional docente, garantizada por la Ley de Financiamiento Educativo, ponía ese parámetro de base para evitar la desigualdad salarial entre las provincias y tender a cierta uniformidad. En síntesis: no hay paritaria nacional –violando la ley–, no hay reunión del Consejo Federal para presionar sobre los programas que quedan en suspenso –violando la ley– y el Estado nacional se deshace de ellos –violando la ley–.
Aparentemente, las funciones que tenían las dependencias extinguidas pasarían a estar bajo la órbita de una “Dirección Nacional de Educación Inclusiva”, a cargo de Cristina Lovari –hasta estos días, Coordinadora de Educación Especial de la Nación–, dentro de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa que encabeza María de las Mercedes Miguel, quien toma a su cargo la responsabilidad técnico pedagógica fundamental del Ministerio, pero completamente vaciada.
Así, el Secretario de Gestión Educativa, Max Gulmanelli, se desprende de los aspectos técnicos, pero conserva la Coordinación de Fortalecimiento Educativo Territorial, que organiza la Feria de Ciencias y las Olimpíadas, entre otros eventos. Estas instancias son muy “vendibles”: los funcionarios ministeriales como Bullrich, Gulmanelli, Devitt y quien se quiera sumar pueden salir en vistosas fotos con niños que se esfuerzan para lograr sus objetivos. Como hipótesis, podría decirse que el Ministerio de Educación se vacía, y se transforma en una especie de Ministerio de Propaganda Política Educativa. En los pasillos de calle Pizzurno se comenta que Gulmanelli y Miguel, además, tienen una pésima relación, en medio de las internas feroces que desata –dentro de los mismos funcionarios de la Alianza Cambiemos– la preponderancia de Marcos Peña en el diseño de las políticas educativas.
Aunque la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos desaparece como estaba armada hasta ahora, no pasa a estar bajo el mando de Miguel y Lovari, sino que parecería transferirse al INET de Gabriel Sánchez Zinny, quien viene anunciando la organización de una Agencia de Talentos y Formación Profesional, de conformación multiministerial –o sea, no sólo dependiente del Ministerio de Educación, sino autónoma–. El plan de terminalidad FinEs –para adultos que no han logrado egresar de su trayectoria escolar en tiempo y forma– pasaría a estar en esa estructura, destinada a implementar políticas que vinculan educación y trabajo. ¿Tenés 35 años, no terminaste el secundario? Andá a hacer un curso de tornería para que te contraten en una empresa con un régimen precario. Como afirma el mismo Sánchez Zinny, la idea de esta Agencia es dar participación a los gremios: en otras palabras, les ofrece a los sindicatos porciones de una interesante torta presupuestaria, además de mercados cautivos de potenciales afiliados. ¿Cómo resistirse a esa tentación?
Estos cambios –salvo el tema salarial– no afectan de forma inmediata la cotidianeidad escolar, pero sí a mediano y largo plazo, cuando el abandono sea evidente y los docentes debamos hacernos cargo de una complejidad social cada vez mayor, con pibes el límite del sistema dejados completamente a la intemperie, con funcionarios que nos exigirán cada vez más por cada vez menos sueldo. El Ministerio de Educación de la Nación, y los planes nacionales de matemática y escritura, el Conectar Igualdad, la Educación Sexual Integral, orquestas y más etcéteras quedan expuestos a la mano invisible de la desigualdad educativa, sujeta al capricho y las posibilidades de cada gobernador de provincia. Todo se vuelve más transitorio, menos planificado, más urgente, más corriendo detrás del minué politiquero de turno. La función pedagógica del Ministerio de Educación de la Nación ha muerto.
Con este panorama, lo único que el Ministerio de Educación conservaría de la gestión educativa sería su calidad de agencia de evaluación del sistema, ser un escenario para sacarse fotos con esforzados alumnos de todo el país, y organizar la provisión de mano de obra precarizada al mundo productivo. Nada quedará, por ahora, de inclusión educativa, de conformar una ciudadanía responsable y solidaria, de abrir el juego a la innovación pedagógica, de pensar colectivamente una sociedad integrada de cara a los nubarrones que amenazan al siglo XXI.
Fuente: Fue la Pluma
