El Gobierno, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, actuando como bastonero, está haciendo del caso del policía Luis Chocobar un “leading case” (un caso testigo) con el inocultable propósito de “cambiar la doctrina”, según lo dijo explícitamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien además adelantó la intención de la alianza gobernante de “cambiar el Código Penal” en la materia.
Está claro que el propósito del Gobierno es validar socialmente la idea de la “mano dura” para que, una vez legitimada, se pueda utilizar tanto para quienes transgreden la ley con propósitos delincuenciales, como contra quienes ocupan una calle para reclamar por sus derechos. Sabe el oficialismo gobernante que, aunque este modo no implique ninguna solución a los problemas de seguridad cada día más graves que afronta la sociedad ni mucho menos una respuesta a las demandas sociales, es una actitud que complace a un sector de los votantes de Cambiemos. El estratega macrista Jaime Durán Barba asegura que “la gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte”, sostiene. Un guiño entonces para “la gente”.
Mostrando una disposición similar a la ya esgrimida cuando se produjo la desaparición de Santiago Maldonado, la ministra Bullrich se plantea como una aliada incondicional de las fuerzas de seguridad. Sin mediar ninguna consideración acerca de sus conductas y procedimientos. De esta manera, la funcionaria busca “fidelizar” a los uniformados para garantizar que le serán útiles para “todo servicio” y, al mismo tiempo, enviar un mensaje al personal de esas fuerzas: tienen vía libre para accionar y contarán con el respaldo del Poder Ejecutivo. “Cuenten conmigo, no los voy a dejar solos… en ningún caso”, parece decir la ministra. Una jugada riesgosa para cualquiera que conozca la historia de las fuerzas de seguridad en la Argentina, sus por lo menos tortuosos modos de actuación con poco apego a las normas legales y hasta sus inocultables vinculaciones con el delito. Sin dejar de lado que –sin responsabilidad propia– la mayoría de los cuerpos carecen de formación suficiente para hacer frente a la responsabilidad que implica portar armas para la seguridad ciudadana.
Pero habría que advertirle también a la ministra que no es a ella a quien le compete, como parte del Ejecutivo, “cambiar la doctrina”. En democracia nos regimos por leyes aprobadas por el Poder Legislativo e interpretadas y aplicadas por los jueces. A los funcionarios les corresponde ejecutar las normas y acatar las disposiciones de la Justicia. Ni contrariar ni entorpecer la labor de los jueces.
Cabe una última reflexión sobre este tema. En democracia, las fuerzas de seguridad tienen por misión defender los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. A los policías la comunidad les otorga un arma para garantizar la vigencia de los derechos de las personas y para que la usen en defensa de tales derechos. El primero de esos derechos es la vida. La vida de todas las personas, sin excepción ni distinción alguna. En este sentido, no hay “cambio de doctrina” posible y aceptable si seguimos adhiriendo a la democracia como sistema de convivencia.
