En el primer año de la pandemia se registraron oficialmente 251 femicidios en Argentina, y fueron 1302 las mujeres asesinadas desde 2016, el año del Ni Una Menos. Las mujeres sabemos que el hogar no siempre es un espacio seguro: los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema indican que en 2020, 6 de cada 10 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, y que 8 de cada 10 eran además víctimas de violencia doméstica. Estos números tan dolorosos reflejan un fenómeno más amplio y estructural vinculado a la subordinación de las mujeres dentro del sistema patriarcal: padecer abusos físicos y de poder, afrontar la falta de ingresos, ganar menos en el trabajo, asumir que estaremos en desventaja para acceder a espacios de decisión, ocuparnos más de las actividades de cuidado no remunerado, ser educadas para internalizar estereotipos corporales y de comportamiento, asumir la heterosexualidad y la maternidad como una condición obligatoria para no ser discriminadas, perseguidas y profundamente violentadas, son algunos de los puntos comunes de nuestras historias de vida, aquellos que recorremos al “hacernos mujeres”, como decía Simone de Beauvoir.
En este contexto, existe un antagonismo notorio entre la amplitud de los derechos consagrados mediante la adopción de instrumentos normativos nacionales e internacionales, y las posibilidades materiales de las mujeres de vivir una vida libre de violencias. El dinámico y heterogéneo movimiento feminista ha sabido dar cuenta de la magnitud del problema. El presidente Alberto Fernández asumió su gestión jerarquizando la institucionalidad de género en el Estado nacional. En el Ministerio de Desarrollo Productivo, el ministro Matías Kulfas creó un gabinete paritario que tiene un 60 por ciento de mujeres funcionarias en puestos de máxima jerarquía; posteriormente sumó a representantes de organismos descentralizados y creó el actual Gabinete de Género, desde el cual llevamos adelante una política de género sustentada en el paradigma de la transversalidad: reconocemos que las violencias y desigualdades de género impiden a las mujeres e identidades feminizadas acceder y permanecer en el sistema productivo, y gestionamos acciones integrales para garantizar la participación con equidad en los procesos de desarrollo nacional.
En 2020 lanzamos la campaña Tolerancia Cero a la violencia contra las mujeres y un Plan con 39 iniciativas con perspectiva de género que se desarrollan desde las diferentes secretarías del organismo, con una inversión estimada en 12.000.000 de pesos. Diseñamos líneas de asistencia técnica, de capacitación y de crédito para mujeres de manera inédita, fortalecimos la asignación de recursos para infraestructura de cuidados en empresas, promovimos la producción de información con datos desagregados por género, y asumimos el compromiso de erradicar la violencia de género en el ámbito laboral.
En lo que va de 2021 ampliamos las articulaciones con el sector privado integrando a mujeres de cámaras empresarias, las asociaciones de consumidores y consumidoras, las pymes, las entidades financieras y el sector de la economía social y solidaria en un Consejo Asesor; además capacitamos a equipos técnicos propios, provinciales y locales para la incorporación del enfoque de género en el diseño de políticas de desarrollo productivo. Gestionamos de forma transversal coordinada y permanente, porque entendemos que las políticas públicas no son neutrales a las desigualdades de género, pero por sobre todo, porque sabemos que nuestro trabajo sostenido permitirá crear más empleo digno con igualdad, fortaleciendo un proceso de desarrollo de largo plazo que integre a las mujeres, potenciando la equidad en el entramado productivo y generando más autonomía económica, para que todas las mujeres puedan definitivamente, librarse de todas las violencias.
* Coordina el Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo.
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