Sobre todo en períodos de crisis económica, aparece el reclamo de que los funcionarios públicos ganen menos. Algunos de los especialistas consultados por Página/12 advierten que el pedido tiende a dejar la política en manos de gente adinerada. Otros creen que el impacto real del ajuste es nimio, pero puede determinar la estabilidad de un gobierno.
Durante el debate por la Ley de Emergencia comenzó a escucharse desde varios sectores de la oposición la necesidad de revisar el «gasto político» como otra forma de hacer frente a la crisis. El mismo gobierno nacional recogió el guante, prorrogando las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar los regímenes de las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y servicio exterior y congelando las dietas de diputados y senadores nacionales por seis meses. El efecto real de estos reclamos, que aparecen de manera cíclica en períodos de ajuste económico, fue criticado por unos y valorizado por su peso simbólico por otros. Página/12 conversó con expertos para analizar si el fenómeno es una muestra de sensibilidad o un acto de demagogia atravesado por un mensaje anti política.
«El problema del ‘gasto de la política’ no es fiscal, el problema no es el peso en el conjunto de responsabilidades financieras dentro del Estado, sino lo que significa en términos de igualdad en el reparto de las cartas», explica Marcelo Leiras, investigador del Conicet y director del Departamento de Ciencias Sociales y de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Para Leiras, el debate en torno al «gasto de la política» – expresión que cataloga de «poco feliz» – tiene dos componentes: el primero es la importancia de remunerar a las personas que van a desempeñar funciones con responsabilidad en el Estado; el otro, es la consideración de que la remuneración de estos funcionarios se financia con impuestos y que, por lo tanto, estos deben ser acordes a una cierta percepción social de equidad. «Los dos criterios deben combinarse. En particular el criterio de equidad, el cual se vuelve más urgente en contextos de sacrificio económico por parte de la población como es el actual», agrega.
Congelamiento de sueldos, anulación de dietas, disminución de percepciones: no fueron pocos los funcionarios que se subieron al caballo de la baja del gasto político y oficializaron medidas de austeridad. El intendente de General Rodríguez, Mauro García, anunció que, para hacer frente al grave déficit que atravesaba el municipio, él y más de cien integrantes de su gabinete trabajarían «ad honorem». En Mendoza, luego del conflicto social originado por la reforma a la ley minera, el gobernador Rodolfo Suárez decidió congelar durante seis meses los salarios de los funcionarios del Poder Ejecutivo. El intendente de Paraná, Adán Bahl, hizo lo mismo en su distrito y los municipios bonaerenses de Salto, Chivilcoy y Coronel Suárez tomaron medidas similares.
«Con mayor o menor intensidad, el reclamo de bajar el gasto político encontró enunciadores en todos los sectores políticos, incluyendo el peronismo», indica el politólogo e investigador de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud. Efectivamente, el mismo jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hizo referencia a que el gobierno nacional estaba «preparando un ajuste en el gasto político», además de que Cristina Fernández y Sergio Massa tomaron la decisión de congelar por 180 días las remuneraciones mensuales que reciben los diputados y senadores nacionales. «El impacto real es nimio, pero el valor simbólico es tan alto que puede determinar la estabilidad de un gobierno», determina Malamud.
Más allá del efecto simbólico, ¿cuál es el impacto real que estas medidas tienen en la disminución del gasto público? Según explica el economista e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Sergio Chouza, una manera de calcular el «gasto político» en el desglose presupuestario es a partir de la «Dirección superior»: «La Dirección Superior, que hace referencia a los cargos jerárquicos dentro de la administración nacional, representa sólo el 0,3 por ciento del gasto total del Estado Nacional», indica Chouza. A este 0,3 por ciento falta sumarle el gasto del Poder Legislativo (que incluye sueldos de senadores y diputados nacionales, así como todos los trabajadores de planta del Poder Legislativo) y el Poder Judicial (que incluye no solo el pago a los jueces de la justicia federal y los fiscales nacionales, sino también los empleados judiciales), los cuales representan un 0,4 y un 1,7 por ciento del gasto público, respectivamente.
«Son cifras marginales», indica Chouza. «Tiene importancia sólo desde lo simbólico. Es un argumento que tiene mucho anclaje dentro de los sectores medios y que prende junto a un mensaje anti político que reverdece en contextos de crisis económica», determina. En una línea similar, Malamud coincide en que los sectores medios «tienden a ser más sensibles respecto de las inequidades y desproporcionalidad de los ajustes». «Los sectores populares son más sensibles a la igualdad; las clases medias, a la proporcionalidad. La ideología está en la clase. Y el ‘costo de la política’ está más asociado a la proporcionalidad que a la igualdad», finaliza el politólogo.
«El argumento de que la remuneración de los servidores públicos es excesiva es un argumento común de las personas que desearían que el gasto público fuera en general más bajo. Y las personas que desean que fuera más bajo son aquellos que entienden que quienes contribuyen al gasto público son los sectores con más alto poder adquisitivo», razona, por otro lado, Leiras. «Cada vez que la derecha del espectro político debe hacer un esfuerzo aparecen este tipo de expresiones. Más frecuentemente en contextos de crisis en los que es más fácil difundir la percepción de que los servidores públicos tienen algún tipo de privilegio», determina el sociólogo.
«Pareciera que la indignación por el gasto de la política es muy selectiva. Aparece ahora que gobierna el peronismo, pero no se veía cuando quien gobernaba era el macrismo», resalta la politóloga y escritora María Esperanza Casullo. «Hay un discurso que diferencia cuando estos bienes materiales son utilizados por las clases propietarias, a quienes les corresponderían, de cuando son utilizados por las clases más ‘plebeyas», destaca. A su vez, Casullo explica que mira con particular «preocupación» aquellos discursos que defienden o festejan cuando un funcionario anuncia que trabajará «ad honorem» (como sucedió en General Rodríguez): «Durante muchos siglos los funcionarios políticos no cobraron sueldos, y no los cobrababan justamente porque eran todos ricos, sólo podían elegir y ser elegidos miembros de la aristocracia. Fue una demanda democratizante que los funcionarios públicos comenzaran a cobrar un sueldo, ya que la percepción de un salario era la única manera de que una persona sin patrimonio pudiera dedicarse a la política». «Estos discursos anti políticos, más que anti políticos, son aristocratizantes», finaliza.
Informe: María Cafferata
Crédito: Página 12
