Lena además solicita que se informe sobre la existencia de convenios para delegar este control en las Municipalidades.
Días atrás tomó estado público un caso de maltrato en una residencia privada de la ciudad de Chajarí, que estaba funcionando sin la correspondiente habilitación, y el sábado pasado el Municipio local tomó intervención en otro caso similar, donde se constató la falta de habilitación comercial. En este marco la Municipalidad de Chajarí procedió a clausurar ambos establecimientos y a reubicar a las personas allí alojadas junto con sus familiares o en otros espacios.
Ambas situaciones dejaron al descubierto una serie de falencias en el control que realiza el Estado Provincial, en el marco de lo que establece la Ley N°9823 aprobada en 2007, ya que el artículo 4° de esta norma establece que las instituciones y/o servicios gerontológicos deben ser habilitados, controlados y supervisados el Ministerio de Acción Social de la Provincia en conjunto con la Secretaría de Salud provincial.
«Con respecto a este tema hay que aclarar que quienes desarrollan este tipo de actividades deben contar con una doble habilitación. Por un lado la habilitación comercial, que es la que realiza el Municipio, habilitando o no para el ejercicio del comercio o la prestación de servicios. Por otra parte el Gobierno Provincial es a quien le compete habilitar y controlar a estos establecimientos como servicios gerontológicos. Esto es lo que percibimos que está fallando», expresó la Diputada Gabriela Lena, autora del pedido de informes.
En virtud de las situaciones descritas la legisladora presentará en la Cámara de Diputados un pedido de informes, encuadrado en el artículo N°117 de la Constitución Provincial, por intermedio del cual quiere saber qué cantidad de inspectores tiene la provincia para realizar estos controles, con que frecuencia los realizan y qué mecanismos poseen ante posibles denuncias.
