Un fallo del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay quedará para la historia como el primer límite judicial a la fumigación con tóxicos en zonas rurales. Se condenó a los tres imputados por fumigar a la comunidad educativa de la escuela Nº 44 República Argentina de Colonia Santa Anita.
La condena fue de un año y medio de prisión en suspenso para Rodríguez, Honecker y Visconti, por el delito de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”, tras realizar pulverizaciones aéreas en los alrededores de la escuela en horario de clase. La condena incluye la inhabilitación por un año para quien llevó a cabo la fumigación con agrotóxicos.
El tribunal estuvo compuesto por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas y falló en similitud con la solicitud de la fiscalía.
Mariela Leiva era la directora de la escuela al momento de la fumigación. Fue la propia docente la que impulsó la denuncia contra el productor y los responsables directos de la fumigación aérea a la institución educativa rural. Leiva es referente de la campaña «Paren de Fumigar las Escuelas».
Honecker fue el productor que contrató los servicios de fumigación para el que se utilizaron químicos que se encuadraron dentro de la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051). El fallo contra el uso de agrotóxicos es la primera sentencia que limita este tipo de prácticas en la Argentina.
La palabra de Leiva
La docente Mariela Leiva dijo que «estamos muy satisfechos, es increíble esta sentencia, buscábamos que se sentara un precedente, pese al tiempo que ha transcurrido desde que sucedió el hecho».
Leiva precisó que, desde que la causa fue elevada a juicio en el mes de julio último, «no conseguimos que la Justicia ordenara que tanto a los alumnos afectados como a mí se nos realizaran los análisis para determinar cómo fuimos afectados por los agrotóxicos».
«En un primer momento se nos extrajeron muestras de sangre y de orina y Criminalística de la Policía de Entre Ríos dijo que no tenía los medios para realizar los análisis para saber si tenemos agrotóxicos en nuestros cuerpos», reveló.
Respecto de la condena decidida por el Tribunal, Leiva manifestó que «los jueces hicieron lugar a la petición de la Fiscalía que fue de un año y medio de prisión, yo hubiese preferido que hubiera sido el máximo para estos casos, que es de tres años, si bien no iban a cumplirlos en una cárcel».
Y cerró ponderando el aspecto positivo del caso: «Más allá de esto, lo importante es el precedente que se está sentando y por eso hay que alentar a todos los vecinos y a los docentes a que denuncien esta clase de hechos».
