La Argentina necesita volver a pensar su futuro. Durante demasiados años, los argentinos hemos discutido la economía a partir de las urgencias del momento. Una crisis sucede a otra, cambian los gobiernos, se modifican las políticas y, sin embargo, muchos de los problemas estructurales vuelven a repetirse.
La inflación, la falta de divisas, las crisis cambiarias, el endeudamiento, la pérdida del poder adquisitivo, la debilidad de la inversión productiva y la insuficiente generación de empleo de calidad forman parte de una realidad que la Argentina todavía no ha logrado superar definitivamente.
No se trata de desconocer que cada período histórico tuvo sus propias circunstancias ni de sostener que todos los problemas tienen una única causa. Por el contrario, precisamente porque la realidad es compleja debemos abandonar las explicaciones simplistas y comenzar a discutir políticas que permitan abordar los problemas de manera integral.
Este trabajo parte de algunas convicciones.
La estabilidad económica es necesaria. El equilibrio fiscal es necesario. El orden de las cuentas públicas es indispensable.
Pero ninguna de esas condiciones, por sí sola, garantiza el desarrollo de una Nación. Un país puede alcanzar determinado equilibrio financiero y, sin embargo, continuar perdiendo capacidades productivas, empleo, inversión, conocimiento y oportunidades para su población. La estabilidad no puede transformarse en un objetivo aislado de la producción y del desarrollo.
Del mismo modo, el equilibrio fiscal no puede construirse indefinidamente mediante el deterioro de los ingresos de los mismos sectores sociales, la reducción permanente de la inversión pública o la pérdida de capacidades esenciales del Estado.
La Argentina necesita estabilidad. Pero necesita saber para qué quiere esa estabilidad.
La respuesta, a nuestro juicio, debe ser clara: la estabilidad debe ser el punto de partida para producir más, generar trabajo, incorporar tecnología, agregar valor, exportar más y construir un desarrollo económico socialmente sostenible.
La Argentina tampoco puede continuar resolviendo de manera permanente su restricción externa mediante un endeudamiento creciente. Un país necesita divisas para importar, invertir, producir, pagar sus compromisos externos y desarrollarse. Pero esas divisas deben provenir cada vez más de la producción, las exportaciones, la inversión y el desarrollo de sus propias capacidades.
La Argentina no puede seguir utilizando el endeudamiento como sustituto permanente de la generación genuina de divisas.
Por eso, este trabajo propone comenzar una discusión sobre diez medidas para recuperar la estabilidad, la producción y el desarrollo argentino. No pretende presentar soluciones mágicas. Tampoco pretende ofrecer una enumeración de consignas. Nuestro objetivo es poner sobre la mesa problemas concretos, analizarlos, aprender de nuestra propia historia y de las experiencias internacionales y, a partir de allí, discutir propuestas posibles. Muchas de ellas deberán ser enriquecidas por economistas, especialistas, empresarios, trabajadores, universidades, científicos, organizaciones sociales y por todos aquellos que puedan aportar conocimientos y experiencias.
Porque la Argentina necesita volver a discutir un proyecto de desarrollo nacional. Y necesita hacerlo con una convicción fundamental:
Los grandes problemas del país no se resolverán ajustando cada vez más a quienes trabajan, producen y viven de sus ingresos.
La estabilidad debe ser compatible con la producción. El equilibrio debe ser compatible con el crecimiento. La modernización debe ser compatible con el trabajo. La incorporación de tecnología debe servir para aumentar las capacidades de la sociedad y no simplemente para profundizar las desigualdades.
Y el desarrollo debe llegar a todo el territorio nacional.
Muchas veces se habla del dólar como si se tratara simplemente de una cifra. Se dice: «el dólar está a determinado precio».
Pero esa información, por sí sola, no alcanza para comprender lo que está ocurriendo en la economía. El tipo de cambio influye directamente sobre:
Por eso, una política económica seria no puede reducir la discusión a una sola pregunta: ¿Cuántos pesos vale un dólar?
La pregunta fundamental debería ser: ¿Ese tipo de cambio contribuye a producir, exportar, generar trabajo y sostener el desarrollo de la Argentina?
El tipo de cambio nominal es muy sencillo de entender. Nos dice: cuántos pesos necesitamos para comprar un dólar.
Por ejemplo, si un dólar cuesta $1.500, el tipo de cambio nominal es de $1.500 por dólar. Pero saber solamente eso no nos permite saber si la Argentina está cara o barata en relación con el resto del mundo. Para entenderlo necesitamos incorporar otra cuestión:
¿Cuánto cuestan los productos y servicios argentinos en comparación con los de otros países, cuando los expresamos en una misma moneda?
Esa comparación es la que nos permite comenzar a comprender el concepto de tipo de cambio real.
Un ejemplo sencillo: Supongamos que una computadora cuesta en Estados Unidos u$s 1.000. En la Argentina una computadora similar cuesta $1.500.000. Si el dólar vale $1.000, esos $1.500.000 equivalen a u$s 1.500.
Ahora podemos comparar: en Estados Unidos, u
s1.000;enArgentina,u
s1.000;enArgentina,us 1.500. Aunque dentro de la Argentina decimos que la computadora cuesta $1.500.000, para compararla con el exterior debemos expresarla en una misma moneda. Así vemos que una computadora similar resulta un 50% más cara en Argentina que en Estados Unidos.
Esto ayuda a comprender una idea fundamental: no alcanza con saber cuánto vale el dólar. También debemos saber cuánto cuestan los productos argentinos, expresados en dólares, en comparación con productos similares de otros países.
Esa relación entre el tipo de cambio y los precios internos y externos es lo que nos permite comenzar a entender el tipo de cambio real.
Si el dólar pasa de $1.000 a $1.500 y el precio de la computadora no aumenta inmediatamente, esa misma computadora argentina pasa a costar u$s 1.000. En ese caso, deja de ser más cara que la estadounidense. Pero si poco tiempo después su precio aumenta hasta $2.250.000, volverá a costar u$s 1.500 y la ventaja de la devaluación habrá desaparecido.
Imaginemos que en la Argentina un determinado producto cuesta $100 y que en Estados Unidos un producto equivalente cuesta 10 dólares. Si el dólar vale $10, ambos productos tienen el mismo valor al convertirlos a una moneda común.
Ahora imaginemos que el dólar pasa de $10 a $15. Si el precio argentino permanece momentáneamente en $100, ese producto argentino se habrá vuelto relativamente más barato frente al producto extranjero. En ese momento, Argentina habrá ganado competitividad en términos de precios. Pero supongamos que, como consecuencia de la devaluación, los precios internos también aumentan y ese mismo producto pasa rápidamente de $100 a $150. Entonces, gran parte de la ventaja inicial desaparece.
Este ejemplo nos permite comprender algo fundamental: una devaluación puede modificar temporalmente los precios relativos, pero no crea por sí sola competitividad permanente. Si la devaluación se traslada completamente a los precios internos, el efecto inicial puede desaparecer.
Aquí aparece una distinción fundamental. Un país puede ser temporalmente más competitivo porque sus productos son más baratos en dólares. Pero eso no significa necesariamente que sea una economía más eficiente o más desarrollada. La verdadera competitividad debería construirse mediante:
No podemos pensar que la única forma de competir sea tener salarios cada vez más bajos después de cada devaluación.
Una economía no puede construir su futuro empobreciendo periódicamente a quienes trabajan. La competitividad sostenible no debe surgir de salarios bajos sino de mayor productividad, tecnología y capacidad de producción.
Porque una economía como la argentina necesita generar divisas. Necesitamos dólares para:
Cuando el país tiene un tipo de cambio que desalienta la producción exportadora y estimula excesivamente las importaciones, puede aumentar su vulnerabilidad externa.
Y cuando esa falta de divisas se intenta resolver permanentemente mediante nuevo endeudamiento, el problema no desaparece: simplemente se traslada hacia adelante.
Por eso debemos preguntarnos: ¿podemos sostener un determinado tipo de cambio mediante un endeudamiento creciente?
La respuesta debería ser clara: la Argentina no puede seguir utilizando el endeudamiento como sustituto permanente de la generación genuina de divisas.
Esto nos lleva directamente a la primera medida de nuestro programa. Puede ocurrir que, en determinado momento, sea necesario corregir un desequilibrio cambiario. Pero la experiencia argentina demuestra que una devaluación suele tener consecuencias inmediatas sobre los precios y, posteriormente, sobre los ingresos de la población. Por eso no podemos plantear simplemente: «hay que devaluar».
La verdadera pregunta es: si es necesario realizar una corrección cambiaria, ¿cómo evitamos que su costo vuelva a recaer exclusivamente sobre los trabajadores, los jubilados, los sectores populares y la clase media?
Aquí aparece una idea central de nuestra propuesta:
Una corrección cambiaria, si resulta necesaria, debe estar acompañada desde el primer momento por una política de compensación y protección de los ingresos.
No se puede pedir nuevamente a quienes viven de su salario, de una jubilación o de pequeños ingresos que absorban el costo de una transición económica.
La Argentina necesita equilibrio fiscal y estabilidad macroeconómica. En una economía estructuralmente bimonetaria, el desorden fiscal y la falta de confianza pueden trasladarse rápidamente al mercado cambiario y terminar generando inflación, devaluaciones y nuevas crisis. Pero también debemos decirlo claramente:
Equilibrio fiscal, sí. Pero no mediante un ajuste permanente sobre los mismos sectores de la sociedad.
El equilibrio debe construirse con:
El objetivo no debe ser simplemente ajustar. El objetivo debe ser construir una estabilidad duradera que permita producir, invertir, trabajar y desarrollarse.
La Argentina debería avanzar hacia un mercado cambiario único, transparente y con un solo tipo de cambio. No debería haber distintos tipos de cambio según quién realiza la operación, qué sector económico representa o qué capacidad tiene para obtener una excepción.
Las reglas fundamentales deben ser iguales: para una persona, para un trabajador, para una pequeña empresa, para una pyme y para una gran empresa multinacional.
Porque cuanto más sencillo, transparente y universal sea un sistema, menos espacio habrá para los privilegios y los caminos alternativos.
La libertad cambiaria no significa ausencia de reglas. Y, sobre todo, la libertad cambiaria no significa opacidad cambiaria.
Nuestra propuesta parte de un principio sencillo: toda operación cambiaria debe quedar registrada y ser trazable. No importa si se trata de una operación pequeña o de una operación por millones de dólares. El registro debe ser universal. Naturalmente los controles pueden ser proporcionales a la complejidad y al riesgo de las operaciones. No tendría sentido imponer la misma carga burocrática a un ciudadano que realiza una operación sencilla que a una gran corporación con una estructura financiera internacional compleja. Por eso proponemos:
Las mismas reglas para todos, pero controles proporcionales al riesgo y a la complejidad de las operaciones.
Máxima simplicidad para las personas y las pequeñas empresas que actúan de manera transparente. Y máxima capacidad técnica de control frente a:
La Argentina debe construir una infraestructura tecnológica moderna que permita registrar y seguir las operaciones cambiarias de manera ágil, segura, verificable, trazable y sencilla.
Las tecnologías de registro distribuido, incluidas las cadenas de bloques cuando resulten adecuadas, pueden ser una herramienta a estudiar para garantizar la integridad y trazabilidad de la información. El principio es más importante que la tecnología específica: el país debe poder conocer con precisión el movimiento de sus divisas.
No para perseguir a quien trabaja, produce o invierte, sino para impedir que la complejidad se convierta en un mecanismo de opacidad.
La Argentina necesita estabilidad. Pero la estabilidad no puede construirse artificialmente mediante endeudamiento creciente, salarios cada vez más bajos o una pérdida permanente del poder adquisitivo de la población.
Necesitamos un tipo de cambio compatible con la producción y las exportaciones, equilibrio fiscal con justicia tributaria, un mercado cambiario único y transparente y una política económica que vuelva a colocar en el centro la producción, el trabajo y el desarrollo nacional.
El equilibrio fiscal es necesario. La estabilidad es indispensable. Pero ambos deben ser instrumentos para el desarrollo y no objetivos que se alcancen a costa del empobrecimiento permanente de la sociedad.
La Argentina enfrenta desde hace décadas un problema recurrente: la dificultad para sostener un tipo de cambio compatible con la producción, las exportaciones y la generación genuina de divisas. Cuando el tipo de cambio queda retrasado durante un período prolongado, la economía puede perder competitividad en términos de precios. Exportar se vuelve más difícil, importar puede resultar relativamente más conveniente y el país comienza a depender, una vez más, del endeudamiento para sostener una determinada situación cambiaria.
Pero la experiencia argentina también demuestra que una corrección cambiaria puede producir graves consecuencias sociales. Cuando se modifica bruscamente el valor de la moneda, muchos precios comienzan a aumentar de manera inmediata. Los contratos dolarizados se actualizan, los proveedores trasladan costos y determinados sectores ajustan sus precios y tarifas.
Mientras tanto, los salarios, las jubilaciones, las pensiones y las políticas sociales suelen recuperarse con retraso. El resultado es conocido: los precios suben primero, los ingresos intentan alcanzarlos después, y cuando finalmente comienzan a recuperarse, muchas veces ya se ha iniciado una nueva ronda de aumentos.
De esta manera, una corrección cambiaria necesaria puede transformarse en una nueva transferencia de ingresos desde quienes viven de su trabajo hacia otros sectores de la economía.
Por eso, la discusión no debe limitarse a preguntar: ¿hay que devaluar o no hay que devaluar?
La verdadera pregunta debe ser: ¿cómo corregir un eventual desequilibrio cambiario sin volver a descargar todo el costo sobre los trabajadores, los jubilados, los sectores populares y la clase media?
Si una corrección del tipo de cambio resulta necesaria, no debería aplicarse como una medida aislada, esperando posteriormente que el mercado corrija sus consecuencias. Debe formar parte de un programa económico integral, preparado con anticipación y puesto en marcha simultáneamente.
El principio debe ser claro: si la corrección cambiaria es necesaria, la protección de los ingresos también debe comenzar el mismo día.
No se puede devaluar primero y discutir meses después cómo compensar a la población. Cuando los precios aumentan, la pérdida del poder adquisitivo es inmediata. Por eso, la respuesta también debe ser inmediata.
Una corrección cambiaria debería estar acompañada por mecanismos claros destinados a preservar el poder adquisitivo de:
El objetivo no debería ser simplemente entregar una ayuda posterior a quienes ya perdieron poder adquisitivo. El objetivo debe ser: evitar que la pérdida se produzca.
Por eso, los mecanismos de actualización y compensación deberían ser establecidos antes de la corrección cambiaria y entrar en funcionamiento simultáneamente con ella. La forma concreta de esa actualización deberá ser cuidadosamente estudiada. No necesariamente todos los sectores deberán recibir el mismo mecanismo, porque no todos se encuentran en idéntica situación.
Pero el principio general debe ser el mismo: ninguna corrección cambiaria debe financiarse mediante una reducción deliberada del poder adquisitivo de quienes viven de su trabajo o dependen de ingresos fijos.
Uno de los mayores riesgos de una corrección cambiaria es que genere inmediatamente una nueva carrera entre el dólar, los precios, los salarios, las tarifas y los contratos.
Si todos los precios y contratos se actualizan automáticamente, la corrección cambiaria puede trasladarse rápidamente a toda la economía y perder sus efectos iniciales.
Por eso debemos estudiar un régimen excepcional y transitorio destinado a interrumpir la inercia de actualización generalizada.
La lógica es sencilla: mientras los ingresos necesitan ser protegidos para evitar una caída del poder adquisitivo, no todos los precios pueden aumentar simultáneamente. La transición debe tener reglas claras.
Debería estudiarse la posibilidad de establecer inicialmente, por un período de hasta doce meses, un régimen excepcional de estabilidad para determinados bienes y servicios esenciales. Entre ellos podrían analizarse:
El objetivo sería evitar que una corrección cambiaria sea seguida inmediatamente por un aumento simultáneo y generalizado de todos los precios regulados y de los principales contratos vinculados al costo de vida. Una transición económica no puede consistir en aumentar al mismo tiempo el dólar, los alimentos, los combustibles, las tarifas y los servicios mientras los ingresos quedan atrás.
La medida debería ser transitoria y formar parte de un programa económico integral. No se trataría de desconocer indefinidamente los costos reales de las empresas ni de congelar permanentemente la economía. Se trataría de establecer un período excepcional que permita romper la inercia inflacionaria y evitar que todos los precios relativos vuelvan a modificarse simultáneamente en perjuicio de la sociedad.
Existe además una cuestión que debe ser analizada con seriedad. En los últimos años, diversos sectores vinculados a servicios esenciales han experimentado importantes modificaciones en sus precios relativos y en sus ingresos. Por eso, antes de trasladar automáticamente una nueva corrección cambiaria a las tarifas y precios que paga la población, debe analizarse:
La pregunta es legítima: ¿es razonable que sectores que ya hayan recuperado significativamente sus ingresos relativos trasladen automáticamente una nueva corrección cambiaria al conjunto de la sociedad?
Nuestra respuesta debería ser: no necesariamente. Si la Argentina necesita atravesar una transición económica, el esfuerzo debe ser distribuido de una manera socialmente más justa.
Una política de esta magnitud no puede depender solamente de una decisión aislada de un gobierno. Debe construirse un gran acuerdo nacional para la estabilidad y la recuperación, en el que participen:
Pero este acuerdo no debería limitarse a una fotografía de dirigentes firmando un documento. Su verdadera fortaleza debe estar en la sociedad. La población debe saber qué se hace, por qué se hace, cuánto tiempo durará, qué esfuerzo se le pide a cada sector y cómo se distribuyen los costos de la transición.
Un acuerdo que queda encerrado en los despachos puede ser vulnerable frente a las presiones de los sectores con mayor poder económico. En cambio, cuando la sociedad comprende una política, conoce sus objetivos y puede controlar su cumplimiento, se transforma también en una fuerza capaz de defenderla.
El control del cumplimiento de un acuerdo de esta magnitud no puede descansar exclusivamente en los organismos del Estado. Debe existir también un control democrático y social.
Las herramientas de comunicación actuales permiten nuevas formas de información, participación y seguimiento que no existían en las experiencias económicas del pasado. Las redes sociales, las transmisiones en línea y las plataformas digitales pueden servir para:
Pero el objetivo no debe ser la propaganda. La tecnología debe servir para explicar, transparentar y controlar. La sociedad debe poder conocer, por ejemplo, qué compromisos asume cada sector y si esos compromisos se cumplen. El éxito del acuerdo dependerá en gran medida de que exista una base social informada, capaz de comprender la importancia de la transición y de sostenerla frente a las presiones de los sectores que puedan verse afectados.
Las experiencias históricas son fundamentales. La Argentina tiene mucho que aprender de su propia historia y de experiencias internacionales como las políticas de ingresos y concertación social, así como los mecanismos utilizados por otros países para enfrentar procesos inflacionarios y grandes desequilibrios económicos. Pero la Argentina actual dispone de herramientas que aquellas experiencias no tenían.
Debemos aprender de las experiencias del pasado, pero aprovechar las herramientas del presente para superar sus limitaciones.
Hoy las nuevas tecnologías permiten imaginar políticas públicas con una velocidad y una capacidad de control que antes resultaban imposibles. La inteligencia artificial puede ayudar a:
Las tecnologías de registro verificable, cuando sean adecuadas para el problema concreto, pueden contribuir a:
Pero debemos evitar un error: la tecnología no reemplaza a la política ni a las instituciones. Es una herramienta para hacer mejor aquello que la sociedad decide hacer.
Aquí adquiere especial importancia el estudio de sistemas modernos de pagos instantáneos e interoperables, como el PIX en Brasil. La Argentina debería analizar la construcción de una infraestructura nacional que permita:
En el marco de una política de protección de ingresos, esto abre una posibilidad que antes era mucho más difícil: una medida de protección podría llegar a las personas con la misma rapidez con que un shock económico afecta su poder adquisitivo.
Naturalmente, cualquier sistema de esta naturaleza debería respetar la privacidad, la protección de los datos personales, la seguridad, reglas claras sobre el uso de la información, auditorías independientes y límites estrictos frente a cualquier forma de vigilancia indiscriminada.
La eficiencia no puede ser incompatible con la libertad.
Durante décadas, muchas políticas enfrentaron una enorme dificultad práctica. La discusión terminaba concentrándose no solamente en qué había que hacer, sino en cómo sería posible administrativamente hacerlo. Hoy los pagos instantáneos, la interoperabilidad, la digitalización, la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas permiten imaginar políticas públicas más rápidas, sencillas y verificables.
La tecnología debe permitir hacer en días lo que antes llevaba meses, detectar inconsistencias que antes podían permanecer ocultas y llegar directamente a las personas sin multiplicar innecesariamente la burocracia.
Esto puede abrir la posibilidad de dar un salto cualitativo en la manera de diseñar, implementar y controlar las políticas públicas.
Finalmente, debemos tener presente el objetivo central. La corrección del tipo de cambio no puede ser un fin en sí mismo. Debe estar al servicio de:
La competitividad sostenible no puede construirse sobre salarios cada vez más bajos. Debe construirse sobre productividad, tecnología, conocimiento y desarrollo.
Por eso: la Argentina necesita un tipo de cambio compatible con la producción y el desarrollo, pero ninguna corrección cambiaria puede volver a construirse sobre el empobrecimiento de quienes viven de su trabajo.
Nuestra propuesta parte de una idea sencilla: si una corrección cambiaria resulta necesaria, debe realizarse dentro de un programa integral y venir acompañada, desde el mismo momento de su implementación, por una política de protección de los ingresos y de estabilización transitoria de los precios esenciales.
El objetivo es evitar una nueva carrera entre dólar, precios y salarios.
La estabilidad económica es indispensable. El equilibrio fiscal es necesario. Pero ninguno de los dos objetivos puede alcanzarse mediante un ajuste permanente sobre los mismos sectores de la sociedad.
La Argentina necesita corregir sus desequilibrios sin volver a destruir el poder adquisitivo de su población.
Por eso proponemos que toda corrección cambiaria que resulte necesaria sea acompañada, desde el primer día, por una política integral de protección de los ingresos y de estabilización transitoria de los precios esenciales.
Un Gran Acuerdo Nacional para la Estabilidad y la Recuperación debe permitir que los costos de la transición sean distribuidos de una manera socialmente justa.
Debemos aprender de las experiencias del pasado, pero aprovechar las herramientas del presente para superar sus limitaciones.
La tecnología puede permitir que las políticas públicas sean más rápidas, más simples, más transparentes y más difíciles de manipular. Pero la decisión fundamental seguirá siendo política: construir una estabilidad económica que no vuelva a basarse en el sacrificio permanente de quienes trabajan, producen y viven de sus ingresos.
Esta es la primera de diez medidas para recuperar la estabilidad, la producción y el desarrollo argentino.
Las próximas propuestas abordarán otros problemas estructurales de nuestra economía y buscarán demostrar que es posible construir un camino diferente.
Un camino que combine:
Porque la Argentina necesita volver a pensar en grande.
Y porque, en definitiva:
EL FUTURO DE LA ARGENTINA NO SE ESPERA, SE CONSTRUYE.
