El 22 de enero de 2026, se dispuso el desplazamiento de sus cargos jerárquicos de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos de las contadoras Mariela Udrizard, Paola Gómez e Ivana Luna, quienes se desempeñaban como jefas de áreas estratégicas vinculadas al control y la administración de recursos.
Estas trabajadoras son ampliamente conocidas por su rol activo y comprometido en la defensa del IOSPER, particularmente por su exposición pública en la Legislatura Provincial durante el año 2025, donde fundamentaron técnica y éticamente la necesidad de preservar la obra social como un sistema solidario y no como una unidad de negocios. En aquella oportunidad, legisladores provinciales se comprometieron explícitamente a evitar represalias contra quienes participaron de dichas instancias institucionales.
Sin embargo, en el día de hoy, y sin expresión de causa, fundamento técnico ni evaluación de desempeño, las mencionadas profesionales, con aproximadamente 20 años de antigüedad, —con años de trayectoria, formación específica y responsabilidades en áreas sensibles de control— fueron reasignadas a distintas agencias de la ciudad de Paraná (Paraná 1, Paraná 2 y Paraná 3), con la única función de atención al público y emisión de órdenes de consulta.
Esta decisión no jerarquiza ni fortalece las agencias, sino que configura un claro mecanismo de castigo, vaciamiento funcional y disciplinamiento, propio de prácticas de violencia y colonialismo institucional, dirigidas contra trabajadoras que actuaron con honestidad, idoneidad profesional y compromiso con el interés colectivo.
Resulta evidente que el desplazamiento de quienes ejercían controles específicos y necesarios en una administración ordenada y apegada a derecho responde a una lógica de ocultamiento y concentración de decisiones, avalada por la actual conducción de OSER y por el Poder Ejecutivo Provincial.
Por medio del presente, la Asamblea de Afiliados a IOSPER comunica estos hechos para su conocimiento público, y solicita la intervención urgente de los organismos competentes, a fin de revertir esta injusticia, garantizar la no persecución ideológica y resguardar los principios de legalidad, transparencia y solidaridad que deben regir el sistema de salud pública provincial.
