A menos de dos semanas de que se formalice la transferencia de la concesión del tramo oriental de la Ruta del Mercosur, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. del Grupo Cartellone, adjudicataria del nuevo esquema vial, solicitó ante la Justicia alquilar los predios y equipos que pertenecían a Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), la firma entrerriana declarada en quiebra en abril de 2025.
El pedido incluye el predio de Ceibas con su planta de asfalto, obradores en Colonia San José, rodados y maquinaria esencial. La propuesta prevé un canon mensual de 11.500 dólares, y la empresa adjudicataria se hará cargo de las reparaciones y mantenimiento necesarios.
Resulta, cuanto menos, curioso que la nueva concesionaria de un corredor fundamental —la Ruta del Mercosur, que atraviesa Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes— carezca de infraestructura propia para empezar a funcionar y deba depender de los bienes de la ex concesionaria.
AUTOVÍA pertenece al Grupo José Cartellone, un conglomerado empresario de infraestructura con trayectoria en obras viales, puentes y concesiones en todo el país. La firma, aunque parte de un grupo consolidado, opta por esta modalidad de alquiler temporal ante la urgencia de cumplir los plazos de la concesión, que exige la toma de posesión del corredor el 16 de diciembre de 2025.
La empresa señala que el alquiler temporal permitirá instalar oficinas, poner en funcionamiento la planta de asfalto y la maquinaria, y cumplir con los compromisos de mantenimiento, conservación y prestación de servicios al usuario. La modalidad también protege los bienes de la quiebra, ya que AUTOVÍA se compromete a su cuidado sin asumir responsabilidad por la depreciación natural o por el uso previo.
El Tramo Oriental adjudicado a AUTOVÍA forma parte del proyecto Red Federal de Concesiones – Etapa 1, que incluye rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. Este eje es fundamental para el comercio internacional y la conectividad regional con Brasil y Uruguay, además de la movilidad dentro del Litoral argentino.
Ahora, la Justicia y la Sindicatura de la quiebra de CRUSA deben evaluar la solicitud.
