Se inició una investigación para determinar si hubo irregularidades en el proceso de licitación de obras para el desarrollo gasífero y eléctrico en el norte entrerriano.
Si el gobierno le restaba importancia a la denuncia por supuestas irregularidades en el proceso de selección de las empresas contratistas para la ejecución de obras para el desarrollo gasífero y eléctrico en el norte entrerriano, tal vez ahora encuentre motivos para preocuparse, ya que el Ministerio Público Fiscal decidió iniciar una investigación preliminar a fin de determinar si efectivamente hubo anormalidades.
La medida fue dispuesta por la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien delegó la investigación en la fiscal Matilde Federik. Si bien no es posible todavía precisar el hecho, consideran que la gravedad de las irregularidades denunciadas amerita iniciar una investigación penal preparatoria.
La denuncia fue promovida por el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) y el abogado Rubén Pagliotto, quienes advirtieron “desprolijidades” e “incumplimientos normativos groseros e inexcusables” en el proceso administrativo de selección de las empresas China National Technical Import & Export Corporation y Yutong SA, de capitales chinos, para la ejecución de las obras de desarrollo gasífero y eléctrico del noroeste entrerriano.
El objetivo, según los denunciantes, era “disimular o encubrir una selección amañada de la contratista”, es decir, las empresas de capitales chinos.
Incluso denunciaron que “los precios que se les pagaría a las empresas chinas son muy elevados en relación a los costos reales de estas obras”, que consisten en la construcción de una línea de alta tensión, cinco estaciones transformadoras y tendidos fibra óptica, por unos 65 millones de dólares, y un gasoducto, por otros 35 millones.
En ese marco es que Kisser y Pagliotto consideran que hubo “alteraciones de los procedimientos”, a la vez que cuestionaron “la manera ostensible y constante en que se echa manos a mecanismos oblicuos tendientes a eludir los necesarios controles de los organismos específicos (Contaduría General de la Provincia y Tribunal de Cuentas)”, como también la elusión de los reglamentos de contrataciones en el Estado y la intervención de una comisión bicameral que se creó para controlar obras financiadas con capitales chinos. Más aun, sostienen en la denuncia que el gobierno informó falsamente que los organismos de control habían intervenido en el proceso administrativo.
Asimismo, advirtieron que las obras se realizarían mediante un llamado a licitación pública nacional e internacional, pero serían subejecutadas por Enersa y la Compañía Entrerriana de Gas.
El objetivo, dicen los denunciantes, era “someterlas a los procedimientos propios y específicos de su incumbencia, obviando o eludiendo de este modo la actuación de los organismos de control interno y externo”. A su vez, esa delegación de funciones, agregan, debió disponerse mediante una ley y no por decreto, como se hizo.
También mencionaron una serie de “dudas y perplejidades” que tenían acerca del rol de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que, al mismo tiempo, “ocupan primerísimos lugares en Enersa”.
Tal es el caso de Jorge González, presidente de la compañía y secretario de Energía de la provincia; Hugo Ballay, ministro de Economía e integrante del directorio de Enersa; y Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado e integrante de la comisión fiscalizadora de Enersa, cargo que comparte con José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico; y Luis Erbes, secretario de Presupuesto y Finanzas.
A la luz de estas cuestiones, el Ministerio Público Fiscal decidió iniciar una investigación penal preparatoria y, según se pudo saber se libraron oficios al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a Enersa, a la Contaduría General de la provincia y al Boletín Oficial para comenzar a recabar informes que le permitan reconstruir el procedimiento administrativo que derivó en la contratación de las empresas de capitales chinos.
