El inconveniente que causa la instalación de antenas de telefonía celular en distintas ciudades, incluida Chajarí, ya no es una novedad. Precisamente gracias a la movilización de vecinos del Barrio Tagüé, lograron al menos hasta ahora, suspender la instalación de una antena, que de acuerdo al lugar donde está emplazada, riñe totalmente con la Ordenanza aprobada en el seno de Concejo Deliberante y que los vecinos están dispuestos a exigir su cumplimiento.
En este sentido la Municipalidad de Chajarí ha notificado a la empresa de telefonía celular para que cese en sus trabajos de instalación y desmonte el mástil de la antena.
El presente artículo trata de describir para entender la situación que también se produce en distintos puntos de la Argentina, pero que tienen un denominador común: la presión de las empresas sobre los Concejos Deliberantes y funcionarios Municipales para que se dicten normas a la medida de sus necesidades comerciales o como en el caso de Chajarí que habiendo una normativa que prohíbe tal instalación, “entre gallos y medianoche” instalan el mástil y luego comienzan a “discutir” las ordenanzas y normativas locales. Por eso mostramos la realidad de La Pampa, Córdoba y Salta, que junto a Entre Ríos son las provincias, que hasta ahora se conocen, han sido elegidas para la inversión de estos multimedios de comunicación, presionando a las propias leyes locales.
Situación en la Provincia de La Pampa.
Se conoció en La Pampa el interés del grupo de negocios más importante del Grupo Clarín en colocar postes autoportantes y otras estructuras como parte de su plan de inversiones para su desembarco en el formidable negocio de la telefonía móvil.
Santa Rosa no es la única ciudad donde el Concejo Deliberante modificó su ordenanza regulatoria de las estructuras que soportan antenas de telefonía móvil. La capital pampeana lo hizo hace apenas unos días. En Córdoba y en Salta se registran los antecedentes inmediatos.
Una fuente inobjetable de la comuna local reconoció a La Arena, el diario más importante de La Pampa, que el Grupo Clarín -con su unidad de negocios más grande- está interesada en colocar postes autoportantes en la capital pampeana como parte de su plan de inversiones para su desembarco en el negocio de la telefonía móvil, donde deberá competir en el ámbito nacional con los gigantes Claro Mobile y Movistar. Lo hace con el camino allanado para la megaempresa constituida por la fusión entre Telecom y Cablevisión-Fibertel, aprobada este año por el gobierno del presidente Mauricio Macri.
La medida cosechó el repudio de las autoridades de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, que está en camino a sumar el servicio de telefonía celular, por ahora como operadora virtual, y consideran que con estas medidas se brindan condiciones inmejorables a las grandes compañías, como Claro, Movistar y la recientemente conformada por Telecom y Cablevisión, en detrimento de las organizaciones comunitarias.
La situación en Córdoba
Otra ciudad que modificó su legislación en la materia fue Córdoba, la segunda más grande del país. Allí se aprobó una ordenanza que permite a las empresas de telefonía instalar micro antenas con el propósito de mejorar la conectividad en la ciudad. Habilita, asimismo, la prestación del servicio 4G, luego de que el parque de antenas se multiplicara.
Según informó La Voz del Interior en su edición del 1 de julio, la normativa no establece distancias mínimas entre una antena y una escuela, elimina límites para colocar celdas u otras estructuras en las antenas existentes o nuevas, y permite que los mástiles tengan hasta 120 metros de altura.
El mismo artículo asegura que son varios los municipios cordobeses que comenzaron a readecuar sus ordenanzas de uso de suelo para facilitar las inversiones en telefonía. “La Calera, Colonia Caroya, Valle Hermoso y Villa General Belgrano ya modificaron las ordenanzas para permitir la instalación de más antenas y micro antenas. Carlos Paz, Río Cuarto, Salsacate y Cura Brochero recorren el mismo camino”, reza el artículo.
A diferencia de lo que ocurrió en Santa Rosa, donde el titular local del Enacom, Eduardo Helt, expresó en redes sociales que “algo huele mal” en torno a la sanción de la ordenanza, en la ciudad de Córdoba, la delegada del organismo tomó parte del debate en el ámbito del CD cordobés y apoyó la medida a partir de informes de expertos que aseguraron que la proliferación de antenas, con las consecuentes radiaciones que emanan, no sería nociva para la salud de la población.
El caso salteño
El 16 de mayo, el diario El Tribuno, de la provincia de Salta, se hizo eco de un debate similar en la capital salteña. “Piden cambiar normas para poner antenas de telefonía”, tituló el matutino. Allí se informaba que las empresas de telefonía celular estaban impulsando ante el Concejo Deliberante un cambio en la legislación, a la que consideraban “restrictiva” y que no contemplaba los avances tecnológicos más recientes.
“Hace días las empresas telefónicas que operan en la ciudad presentaron ante el Concejo Deliberante sus proyectos de inversión anual. A su vez, le pidieron a los concejales una serie de modificaciones en la legislación vigente. Entre otros cambios, las empresas solicitan disminuir la superficie necesaria para instalar antenas de suelo a menos de la mitad: 200 metros cuadrados (actualmente se exigen 500). Además, requieren permitir las micro antenas, nuevos equipos que no están contemplados en la norma, aunque tampoco prohibidas”, decía El Tribuno.
El diario citó fuentes de Telecom -entonces ya había iniciado el proceso de fusión con el Grupo Clarín- que aseguraban que el desarrollo de su plan de inversión para este año, de tres millones de dólares, dependía directamente del avance de la modificación de la normativa. Personal pretendía la instalación de 14 nuevas antenas en diferentes puntos de la ciudad, mientras que Claro planificaba instalar 60 micro antenas.
“El Concejo Deliberante buscó el asesoramiento del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), y profesionales en el área. Ambos acompañaron el pedido empresarial”, informó entonces El Tribuno.
El diario salteño mencionó que la suerte de las compañías fue distinta en otros municipios, como Quijano y Güemes, donde los vecinos llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia para que se quitaran las antenas, a las que apuntaron como causantes de casos de cáncer.
