El secretario de Trabajo de la provincia, Oscar Balla, brindó datos acerca del desempleo en la provincia y señaló que el comercio es el sector más afectado. Expuso que de las 20 audiencias que se celebran diariamente en el organismo, la mitad se origina en despidos.
“De 2004 a 2010 discutíamos mejoras laborales y hoy se trata de evitar que los empleados sean cesanteados”, graficó el funcionario, quien apuntó al “aumento desmedido de las tarifas” como una de las causas. “Cuando se achican costos, la variable a ajustar suele ser el empleo”, indicó. La semana pasada se conoció un pedido al gobernador Gustavo Bordet para que declare la “emergencia comercial” en Entre Ríos.Avicultura, medios de comunicación, industrias, los despidos se registran en todos los rubros pero el comercial es el más afectado. Así lo confirmó a Radio Máxima el secretario de Trabajo, Oscar Balla, quien expresó: “De 2004 al 2010 discutíamos mejoras laborales. Hoy se trata de evitar que los empleados sean cesanteados”. El funcionario mencionó de 20 audiencias diarias que se desarrollan en el organismo, la mitad tienen que ver con acuerdos de desvinculación o despidos.
“Como vengo afirmando desde hace tiempo, las relaciones laborales están complicadas en Entre Ríos y en el país. En líneas generales todas las actividades se ven resentidas por el tremendo aumento de las tarifas que complican a las empresas y los comercios en sus actividades”, resumió Balla.
Según el funcionario, “cuando se producen estos aumentos desmedidos, lo primero que se hace es achicar los costos y la variable suele ser ajustar el empleo”.
“Hay hechos que nos duelen –continuó-, como es el caso de El Diario de Paraná, donde han sido despedidos 54 trabajadores, de una planta de 123 personas. En la conversación que tuvimos con la empresa aseguraron que no se van a producir más desafectaciones de personal y que estos despidos se debieron a la exigencia de un nuevo dueño que pidió, previo a hacerse cargo del El Diario, que se redujera el personal”, informó.
Balla precisó que “en la costa del Uruguay, en Concordia y también en Paraná el comercio es uno de los rubros más afectados por esta problemática”.
“Entre 2004 y 2010 discutíamos mejoras laborales. Hoy se trata de evitar que los empleados sean cesanteados. Actualmente en la sede de nuestra secretaría estamos haciendo unas 20 audiencias diarias y la mitad de ellas son por despidos”, completó.
Por la emergencia comercial
Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia solicitaron la semana pasada al gobernador Gustavo Bordet “la urgente declaración de emergencia comercial en toda la provincia”. Según indicaron desde la entidad, “a las dificultades de la economía nacional, que se hace sentir con una visible caída de consumo, se suman las tarifas provinciales” que, aseguran, “produjeron un desborde alarmante”. Mediante un comunicado, solicitaron que se reduzca la presión fiscal, que se suspendan las ejecuciones judiciales a deudores de ATER y advirtieron que el comercio entrerriano “está en quiebra”.
“A los problemas de la economía nacional, la visible caída del consumo, le continúan los servicios donde las tarifas produjeron un desborde alarmante. Esto, sumado a una presión fiscal asfixiante hace que el comercio legal de Entre Ríos, fundamentalmente pyme y micropyme, sea inviable. Hoy el comercio entrerriano está en quiebra”, se expone en el comunicado reproducido por El Entre Ríos.
“La presión fiscal ya conocida, que sufrió un nuevo aumento en diciembre tras la tristemente célebre ley de Consenso Fiscal, se agiganta con multas exorbitantes e intereses desmadrados que aplica la ATER a los contribuyentes que en éste momento subsisten como pueden”, se indica más adelante.
Según los comerciantes concordienses, “en el actual contexto, las pymes que sufren atrasos en el pago de los tributos, por no poder pagarlos en tiempo y forma dado lo expresado anteriormente, sufren el cobro de multas abusivas, intereses desmesurados y, no obstante ello, también una suba exponencial de la tasa de IIBB con lo cual empujan a las mismas a un irremediable final: el cierre y la consecuente pérdida de fuentes de trabajo genuinas”.
A la declaración de “emergencia comercial”, desde el sector se suma el pedido de suspender reclamos y ejecuciones judiciales a deudores de ATER y elminar el concepto de “multa por mora” en ingresos brutos, “ya que con los intereses cobrados existe suficiente penalidad”.
También se solicita la reducción de los intereses por mora a no más del 4 por ciento anual y la eliminación de las “multas confiscatorias” por atrasos en el pago de retenciones de ingresos brutos, “más considerando que se están pagando por adelantado en ventas que la mayoría de las veces no han sido cobradas”.
Fijar nuevos estándares de clasificación de pymes según la Resolución 154/2018 del Ministerio de Producción de la Nación y convocar a todos los sectores representativos del comercio de la provincia a “una urgente mesa de diálogo donde entre todos podamos encontrar soluciones sustentables a corto y mediano plazo y que permitan la continuidad de la actividad” es otro de los requerimientos.
“Señor gobernador: la actividad comercial de nuestra provincia está en un momento límite y creemos que en su decisión está el poder, al menos, de morigerar las graves consecuencias que estamos sufriendo”, concluyeron los comerciantes.
