La iniciativa propone crear un Banco de Tierras Provincial, dependiente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). La propuesta legislativa ahora debe ser considerada por el Senado entrerriano.
El proyecto de ley fue presentado en marzo de este año por la Diputada Provincial Gabriela Lena (Cambiemos) y estipula que las funciones del Banco Provincial de Tierras serán relevar los terrenos fiscales, determinar el estado de ocupación de los mismos, incorporar y registrar todas las tierras que sean transferidas al Estado Provincial, identificar tierras aptas para el desarrollo de programas y planes de infraestructura, equipamiento comunitario y viviendas y reservas naturales y culturales, además de elaborar y mantener actualizado un Registro de Necesidades de Tierras.
El banco se conformaría por las tierras que provengan de lotes y/o fracciones que actualmente integran el patrimonio provincial; donaciones y/o legados sin cargo especifico provenientes de organismos no gubernamentales, de personas físicas o jurídicas; transferencia de tierras provenientes del Estado nacional; convenios con propietarios; usucapiones, adquisiciones, subastas o cualquier otra forma de adquisición.
«El objetivo de esta Ley es darle al Estado Provincial un instrumento jurídico para ordenar una situación que, al menos en la actualidad, no está sistematizada pero, sobre todo, apunta a que el Gobierno entrerriano haga suya una política de Estado que tiene que ver con la adquisición de tierras para el desarrollo de programas de Gobierno, especialmente en materia de viviendas. En otra escala algunos municipios implementaron experiencias exitosas de este tipo y creo que la Provincia puede hacer lo propio, interviniendo en el mercado de la tierra para poner la misma al alcance de los entrerrianos, a precios razonables», dijo Gabriela Lena.
En otro orden de cosas, el proyecto que deberá ser tratado en el Senado determina que también se deberá conformar un padrón público de los inmuebles existentes en el Banco de Tierras, lo que contruibuirá a la transparencia en la gestión de las tierras públicas. El Estado provincial, además, podría adquirir y vender lotes de acuerdo con lo que estipula la ley, abriendo para ello un registro provincial de demanda, pudiendo ofrecer los mismos al contado o con la modalidad en cuotas.
«El espíritu de esta ley tiene como fin solucionar el déficit habitacional y la imposibilidad de acceder a la vivienda para personas no solo de escasos recursos, sino también trabajadores de clase media que en la actualidad debido a los valores de los terrenos en la provincia, es casi imposible soñar con una casa propia», señala la legisladora en los fundamentos del proyecto.
