En la Universidad de Buenos Aires (UBA) se desarrolló un ciclo de conferencias sobre “Justicia y Derecho de la Vejez”. Uno de los disertantes fue el juez de Paz de Mocoretá, Luis Jorge Podestá, quien fue el primero en aplicar la Convención Internacional de Protección de las Personas Mayores, a la que Argentina adhirió en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio del 2015 y que fue ratificada por el Congreso, en mayo pasado.
Las exposiciones se desarrollaron el lunes 30 de octubre y el magistrado correntino lo hizo en el panel denominado: Acceso a la Justicia y protección internacional.
“Como Juzgado de Paz recibimos la denuncia de una persona que no tenía posibilidades de acceder a un asesor letrado y que planteaba que los derechos de su abuela estaban siendo vulnerados. Ante esta situación y como en la Ley de Justicia y Paz no está contemplado lo referente a la ancianidad, me vi en la necesidad de recurrir a lo establecido en la Convención Internacional de Protección de las Personas Mayores que establece un nuevo paradigma en torno a la vejez, desde una perspectiva de los Derechos Humanos”, recordó Podestá. Al mismo tiempo acotó que “si bien en el momento que tomé la decisión, esa nueva normativa aún no había sido avalada por los legisladores y ratificada por decreto presidencial, consideré que era válida su aplicación porque nuestro país ya se había adherido a ella en el 2015”.
En este punto destacó que ante este tipo de situaciones siempre hay diferencias de criterios porque existen dos teorías con respecto al derecho interno y su relación con el derecho internacional: el monismo y el dualismo.
Precisamente, Podestá en su exposición brindó argumentos técnicos de por qué resolvió aplicar lo establecido en la Convención Internacional a la que Argentina se había adherido hace dos años en la asamblea de la OEA, pese a que esa decisión todavía no había sido ratificada por el Congreso de la Nación.
Precisamente, cuando se concretó el último paso citado, el juez de Mocoretá ya había ordenado una serie de medidas para garantizar que una mujer recibiera los cuidados necesarios para poder vivir en condiciones dignas.
“Primero observamos un video que demostraba que estaba atravesando una difícil situación porque vivía en condiciones muy precarias que agudizaban sus problemas de salud. A partir de ahí se hizo un informe socio -ambiental, dialogamos con 10 de sus 15 hijos e inclusive con ella”, detalló Podestá, haciendo referencia al fallo en el cual en Mocoretá aplicó por primera vez la Convención Internacional de Protección de las Personas Mayores.
En base a esto, el magistrado dispuso una serie de medidas tales como que el hijo que estaba a cargo de la anciana destinara el dinero de su jubilación, entre otras cuestiones, para brindarle un tratamiento odontológico para que pudiera consumir carne, colocar vidrios en las ventanas y reemplazar la cocina a leña por una de gas.
A su vez, Podestá también lo intimó a no dejarla sola y le advirtió que, en el caso de no cumplir con lo establecido, elevaría el caso a la Fiscalía de Instrucción.
“Considero que fue una decisión acertada recurrir en ese momento a la normativa internacional”, destacó Podesta que está al frente del Juzgado de Paz de Mocoretá que funciona desde diciembre del 2014.
