La diputada provincial Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí), presentó un proyecto de ley por el que busca que se garantice en las escuelas públicas, de gestión estatal y privada, el derecho de los estudiantes a recibir educación sexual integral, en el marco de la Ley Nacional 26.150. Para ello, la legisladora promueve la creación del Programa Provincial de Educación Sexual Integral, en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia.
Este Programa se creará teniendo en cuenta las disposiciones de Ley Nacional 23.849 “Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño”; la Ley Nacional 23.179 “Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” que cuentan con rango constitucional; la Ley Nacional 25.673 “Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”; la Ley Nacional 26.206 “Ley de Educación Nacional”; la Ley Nacional 26.485 para “Prevenir, erradicar y sancionar la Violencia contra las Mujeres”; la Ley Nacional 26.364 “Prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus Víctimas”; la Ley Nacional 26. 743 “Identidad de Género”; la Ley Nacional 26.218 “Matrimonio Civil”; la Ley Nacional 26.061 “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” y la Ley Provincial 12.967 “Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
La iniciativa, que tiene el aval de compañeros de su bancada, entiende como educación sexual integral “al conjunto de actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, definidos como inalienables, inviolables e insustituibles de la condición humana”.
Igualmente, dispone que la educación sexual integral “es de carácter obligatorio y está destinada a estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, que asisten a establecimientos públicos, públicos de gestión estatal y privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente, incluyendo al Programa a las familias de dichos estudiantes con motivo de fomentar la integración de todo el círculo familiar. La implementación de la modalidad para la integración familiar quedará a criterio de cada establecimiento educativo”.
La autoridad de aplicación será el Consejo General de Educación, o el órgano que en el futuro lo reemplace, en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, y el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia o los órganos que en el futuro lo reemplacen.
Asimismo, Lena promueve la creación, en el ámbito del CGE, “un equipo interdisciplinario encargado del Programa Provincial de Educación Sexual Integral. El mismo estará compuesto por profesionales y especialistas provenientes de diversos campos disciplinares, con experiencia en formación docente, sexualidad, perspectiva de género y derechos humanos”, y puntualiza cuáles serán las funciones de este equipo.
La iniciativa, además, deroga el Articulo 1 de la Ley Nº 9501, y en su lugar incorpora el siguiente:
‘Crease el Sistema provincial de Salud Sexual y Reproductiva dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia. El mismo coordinará la información, asesoramiento, capacitación y prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva’; y deroga los artículos 4º y 5º de la misma ley.
Al fundamentar el proyecto, Lena recordó que en 2006 se sancionó la Ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y establece que todas las personas tienen derecho a recibir educación sexual integral tanto en los establecimientos educativos de gestión estatal como de gestión privada. Uno de los principales objetivos de dicha Ley radica en garantizar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables, actualizados y sistemáticos sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral.
“Asimismo, otras importantes leyes como la Ley 26.218 de Matrimonio Igualitario, la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, la Ley 26.485 para Prevenir, erradicar y sancionar la Violencia contra las Mujeres y la Ley 26.743 de Identidad de Género, entre otras, conforman un nuevo paradigma de derechos humanos en nuestro país, basado en la promoción, el acceso, la protección e igualdad entre todos y todas”, añadió.
Sobre la situación local, recordó que Entre Ríos adhirió a la Ley 26.150 en el marco de la Ley Provincial Nº 9501. Pero, marcó: “Sin embargo, la educación sexual integral quedó en un segundo plano al unificar el Sistema de Salud Sexual y Reproductiva y el Programa de Educación. Ambos dentro del ámbito del Ministerio de Salud. Solo dos artículos de la Ley daban las condiciones en las que debía generarse en el ámbito provincial el programa y a su vez, actualmente la Ley se torna desactualizada frente a las demandas y necesidades de los estudiantes y sus familias”.
En ese orden, Lena explicó que, una de las propuestas del proyecto es la creación de un equipo de profesionales que llevaran adelante el programa provincial de ESI, diseñaran espacios de reflexión para el abordaje de la sexualidad, la diversidad, la identidad de género, el conocimiento y respeto del cuerpo, la igualdad de oportunidades y derechos entre varones y mujeres, la no discriminación y la importancia de los afectos en las relaciones.
Y, agregó, “el programa provincial de ESI entiende a la misma como una educación para la convivencia. Por ello, en el centro de sus propuestas y acciones se hace hincapié en los vínculos, en el cuidado mutuo y en la celebración de la diversidad”.
“Por todo ello, consideramos que es el momento preciso para avanzar hacia una Ley Provincial de Educación Sexual Integral, asegurando este derecho de todos los entrerrianos. Dicha Ley representará una oportunidad para consolidar una política del Estado Provincial, así como para brindar herramientas a los ciudadanos y ciudadanas para proteger este derecho inalienable como es el de el acceso a la información que asegurara el respeto de la diversidad, la igualdad de género y sobre todo la inclusión”, concluyó.(RecintoNet)
