El Intendente Galimberti firmó el Decreto N°276/2017 que dispone la desadjudicación y el inicio del proceso de desalojo. Tienen un plazo de 20 días para devolver las casas.
Se trata de dos casas que fueron vendidas y compradas violando las normas vigentes. Las mismas están ubicadas en la zona norte. “No creo que haya antecedentes de este tipo”, dijo Gustavo Walther, responsable de la Oficina de Vivienda del Gobierno de Chajarí. El Decreto Nº 267/2017 D.E., dentro de sus considerando, señala que el “Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat para Pobladores Rurales y Pueblos Originarios” tiene como objetivo principal la atención, mediante la construcción, ampliación y/o mejoramiento de viviendas e infraestructura apropiada, a grupo de pobladores originarios y rurales en situación de criticidad.
Asimismo, menciona que los adjudicatarios de dicho programa tienen la obligación de ocupar efectivamente la vivienda con su grupo familiar y tomar a su cargo la custodia, su cuidado y mantenimiento, respetando la imposibilidad de locar ni ceder en forma temporaria permanente su uso a otras personas. De la misma manera, dicho Decreto dice que a fin de efectivizar el recupero de parte de los fondos ejecutados en la construcción de dichas viviendas para la re inversión en nuevos proyectos, se firmaron planes de pagos acordes a los ingresos del grupo familiar adjudicatario.
También, dentro de los considerando, se hace hincapié en que los adjudicatarios, en este caso, han incumplido todos los objetivos y obligaciones establecidos. Por ello, el Artículo 1º del Decreto Nº 267/2017 dice: Disponese desadjudicar las viviendas ubicadas en Barrio Norte por no haber cumplido con las obligaciones en un todo de acuerdo con los informes elevados por el Área Viviendas del Municipio. El Artículo 2º menciona: Disponer el inicio del proceso de desalojo de dichas viviendas, instruyendo al Área Viviendas a que realice todas las gestiones necesarias tendientes a cumplir lo establecido en dicho Decreto.
Por su parte, Walther informó que de no producirse la entrega voluntaria de las viviendas dentro del plazo establecido, el Gobierno de Chajarí deberá presentarse ante la justicia para iniciar las demandas correspondientes sobre estas usurpaciones ilícitas de propiedades del Estado. “El Gobierno de Chajarí no permitirá este tipo de actitudes ilícitas que arrebatan el bien social común”, agregó.
En cuanto a los procedimientos que se siguen para estos casos Walther explicó que primero se trata que alguien declare la situación, se busca toda la documentación pertinente sobre la vivienda y se trata de tomar declaraciones, de quien vendió y compró la casa (en caso que se trate de una venta irregular), a partir de lo cual el Organismo Autárquico Administrador de la Vivienda (OAAV) toma una decisión sobre el caso.
