Ante los reclamos planteados algunos gremios sobre la liquidación de haberes de marzo a los docentes, el presidente del CGE ratificó que el gobierno abona los días trabajados. “Esta decisión no es persecutoria y nada tiene que ver con respetar el derecho a huelga, además de ser informada en numerosas oportunidades”, explicó.
El funcionario recordó que el gobierno obra en materia de descuentos de días no trabajados por adhesión a medidas de fuerza conforme lo habilita la legislación vigente y con el respaldo de la jurisprudencia tanto local como nacional y a los parámetros dados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia. El derecho de huelga, constitucionalmente garantizado, no es un derecho retribuido.
Del mismo modo, Panozzo hizo saber que “se encuentra vigente la resolución que dispone la obligatoriedad de los directivos de los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, de informar a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), quienes asisten a trabajar”.
“Si hubo directivos que no informaron las asistencias tal como correspondía y los recibos de los docentes de esos establecimientos registran descuentos cuando en realidad los maestros fueron a trabajar, se deberá informar oportunamente y les será liquidada la diferencias por complementarias”, señaló el funcionario.
Panozzo ratificó que desde el punto de vista legal, la provincia de Entre Ríos no hace otra cosa que cumplir la legislación y la jurisprudencia vigente al pagar los días trabajados, inclusive la que aplica la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha convalidado este procedimiento.
Recomposición salarial
En relación a la recomposición salarial, el presidente del CGE recordó que el gobierno liquidó los haberes de marzo con la primera etapa del incremento propuesto que incluye un piso anual del 18% a reformular de acuerdo a al aumento de los índices inflacionarios que registre el INDEC.
“La oferta realizada a los gremios docentes intenta armonizar la demanda de los trabajadores con las posibilidades financieras de la provincia, siempre bajo la consigna general de que ningún trabajador gane por debajo de la inflación”, afirmó.
“Pero también es importante que no olvidemos que esta provincia, al igual que el resto del país, sufre las consecuencias de un modelo económico de achicamiento del gasto sin importar si se afectan programas sociales o si se afecta la obra pública, ni tampoco a la educación”, aseveró.
“La solución debería ser conjunta, y el gobierno nacional reformular su decisión de congelar el Fondo de Incentivo Docente, de modo de poder avanzar en una recomposición que no comprometa las complicadas finanzas de la provincia. Si otorgamos aumentos que no podemos pagar, a fin de año el reclamo será porque no se pueden pagar los sueldos, no por un aumento”.
Finalmente, ratificó que “el gobierno provincial ratifica su voluntad de diálogo y está trabajando en una nueva alternativa salarial, pero difícilmente se pueda avanzar en medio de la toma de un edificio público y la instalación de una carpa frente a Casa de Gobierno a modo de protesta en medio del compromiso de buscar una solución para el normal desarrollo del ciclo lectivo”.
