El Congreso Nacional le puso punto final esta madrugada a una discusión que despertó tensión entre los bandos a favor y en contra de las carreras de galgos. Por 132 votos a favor, 17 en contra y 23 abstenciones el parlamento resolvió que la práctica es ilegal en todo el país. El tema dividió aguas puertas a dentro de los bloques y al momento de la votación eso quedó de manifiesto. En el FpV, por ejemplo, se abstuvieron de votar los diputados Héctor Recalde, Luis Basterra, Máximo Kirchner. En tanto, hizo lo mismo el legislador Nicolás Massot, jefe del bloque del Pro.
Quienes militaron a favor de que se prohíban las carreras de perros llegaron temprano a la puerta del Congreso para hacer lo que llamaron “la vigilia”. Adentro, la Cámara de Diputados iba a definir si las carreras pasaban a ser consideradas ilegales y, en ese caso, multadas con penas de prisión y sumas elevadas de dinero. Pero desde Riobamba y desde Callao empezaron a llegar masivamente los llamados “galgueros”, es decir, quienes controlan un negocio –según los proteccionistas “millonario”- a costa del maltrato animal. Lo que siguió fue una larga jornada de empujones, insultos, golpes, bombas de estruendo y discusiones a los gritos: la última batalla entre dos bandos antagónicos que necesitó de la Infantería para que no pasara a mayores. Finalmente Diputados aprobó la ley que prohíbe esta actividad en todo el país.
¿Qué dice la ley?
Se trata de una ley, redactada por la senadora Magdalena Odarda (Coalición Cívica) que prohíbe las carreras de perros de cualquier raza en todo el país y pena a quien las organice con “prisión de 3 meses a 4 años y multa de $ 4.000 a $ 80.000”. Desde Proyecto Galgos, una de las organizaciones que militó para conseguir la ilegalidad de las carreras, explicaron a Clarín los motivos del proyecto. “Las carreras son un negocio en el que los galgos son un producto que se usa para obtener beneficios millonarios, tanto en premios, como en apuestas y ventas de tratamientos”, dice Inés, que prefirió no dar su apellido por temor a represalias. Según las ONG, los premios que se disputan en un canódromo llegan a 150.000 pesos o departamentos en la Costa, y las apuestas son de 2.000 pesos o más. No son pocos los que participan: según el abogado de los galgueros, el «mamarracho jurídico» (así definió al proyecto de ley) afectará a unos 4 millones de personas que participan como aficionados o participantes.
