La última denuncia de vecinos del Barrio Chaco, sobre inconvenientes que desde hace algún tiempo tienen entre algunas familias, ha potenciado una serie de opiniones que trataremos de relevar en este humilde escrito, no sin antes aclarar que cada uno tiene el derecho de opinar como mejor le plazca y de acuerdo a su leal y sincero pensar, porque es un problema que no está focalizado solamente en este barrio, sino que es el primero que ha llegado a los estrados judiciales, al menos para que ambas partes se escuchen.
La violencia no es un invento moderno, más aún, cuando la misma se enmarca en situaciones no solamente de violencia verbal sino que cuando estas arrastran la eventualidad de enfrentamientos personales cuerpo a cuerpo, la cosa cambia.
Ahora bien, hasta ahora nadie ha demostrado con tanto énfasis a quien le corresponde la defensa de estos vecinos, o si hay que esperar que las cosas lleguen a mayores para poder actuar, en este sentido analicemos sectores y responsabilidades.
La Policía: el primer organismo que vamos a golpear la puerta cuando ocurre algún hecho violento o similar. La policía tiene que lidiar con robo, hurto, intento de robo, estafa, violencia familiar, adolescentes que se escapan de su hogar, el menú que se le ocurra, asistimos raudamente a la Policía, no caprichosamente, porque confiamos en que primero la presencia y luego nos dará algún camino para proseguir institucionalmente con la denuncia.
Lo que hay que entender aquí que la Policía actúa y así debe hacerlo en el hecho consumado, si bien también tiene una obligación preventiva, pero que no pasa más allá de la recorrida con los móviles, el acercamiento personal ante una situación llamativa y nada más, no tiene un seguimiento social de todos los conflictos que pasan en una ciudad, actúa sobre el efecto, no sobre la causa.
La Justicia: poder que actúa y califica situaciones delictuales o no después de sustanciarse un proceso para declarar culpable o inocente. Es cierto también que la Justicia de un tiempo a esta parte, y en distintas reformas realizadas, ha instituido diferentes estatutos para problemas “sociales” con una cobertura y tratamiento diferente a lo que conocíamos en lo comercial y penal básicamente. Hoy existen Juzgados de Familia, que también son los ámbitos donde se interviene en problemas, casi exclusivamente de violencia y que tienen de acuerdo a legislación existente, su solución pertinente.
Consultadas algunas fuentes judiciales y particularmente a distintos profesionales en este sector todos están atentos porque “infieren que toda la problemática social de violencia se vuelque indiscriminadamente a los estrados judiciales, ante la no respuesta de otros sectores”. Algunos piensan en alguna manera para intervenir, como la audiencia del pasado martes, pero otros son anuentes a directamente no dar lugar a las denuncias de los vecinos y abortar esa línea de acción, salvo que el vecino, patrocinado con un abogado, presente concretamente una denuncia sobre alguien puntual ante la posible comisión de delito, camino que así se convierte en una causa común y corriente.
El estado: aclaración decimos estado a los órganos exclusivos de Gobierno, municipal, provincial y nacional que tienen responsabilidad operativa y política sobre estos problemas y que básicamente con la articulación de políticas de estado se puede llegar a prevenir, a una intervención y a una eventual solución a estos problemas. Aclaración esta por los sectores analizados anteriormente que también forman parte del ESTADO como país institucionalmente organizado, pero con diferentes responsabilidades.
Cuando uno indaga en estos organismos se encuentra con varios problemas, pero básicamente, o falta de presupuesto o planificación en campo para prever las distintas problemáticas que acucian a nuestra comunidad, y que no se cierne solamente en violencia, sino también en indigencia, drogadicción, falta de trabajo, vivienda, servicios, entre las más importantes.
De un tiempo a esta parte, por decir los últimos 5 o 6 años los estados-gobiernos se han casi “desesperado” por las obras de infraestructura, que es cierto son necesarias y hay que hacerlas, pero esta “desesperación” no ha ido paralelamente igual a las “necesidades sociales”, no se ha tenido la planificación necesaria para que se tenga un diagnóstico social casi en tiempo real sobre los problemas “reales de la gente” y sus relaciones vinculares en la comunidad.
La responsabilidad recae sobre todos los sectores con responsabilidad política, pero los Gobiernos la tienen más aún, porque operativamente inciden diariamente con sus decisiones en la gente en forma directa y cara a cara, por eso, habría que analizar nuevamente una nueva política de acercamiento permanente, que la escuela, el hospital, los organismos responsables, sean cantera de información permanente sobre los síntomas de la sociedad, porque si un maestro ve un chico golpeado, o hace dos meses que no va a la escuela y no lo informa, si un médico ve una hematoma y no indaga como llegó hasta su consultorio o al hospital, si un enfermero informa a medias sobre el tratamiento de un menor que puede ser pasible de atención y por sobre todo si UN FUNCIONARIO CUALQUIERA SEA SU RANGO Y PERTENENCIA ESTA DETRÁS DE UN ESCRITORIO MANEJANDO PAPELES SOLAMENTE SIN ENTENDER QUE CADA PAPEL SIGNIFICA UNA PERSONA, ESTAMOS EN EL CAMINO EQUIVOCADO.
Hemos perdido la capacidad de solidarizarnos con el otro, más aún cuando nuestra posición como funcionario y por ingresos, nos debería marcar la obligación de trabajar “full time” sobre la problemática y dejemos de pasarnos la pelota uso a otros, cuando la gente NOS ESTA GOLPEANDO LA PUERTA.
Autor: Oscar Arnau
