Ni Una Menos es otro grito de Nunca Más construido colectivamente. Este grito de Ni Una Menos expresa una exigencia, que es clara y urgente: La violencia contra las mujeres solo se combate y previene con políticas públicas. Y en tanto no se implementen, la impunidad de esas violencias biográficas se transforma en un sistema que constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres, de la cual el Estado es responsable. Exigimos entonces:
Que el Estado argentino cumpla con los marcos jurídicos internacionales, y que implemente sin más demoras la ley nacional sancionada en 2009.
Servicios integrales de violencia contra las mujeres en cada hospital público, que cuenten con atención tanto de emergencia como de prevención.
Servicios legales especializados, gratuitos, visibles y de fácil y rápido acceso en cada edificio o sede de poder judicial, nacional, provincial y municipal.
Programas obligatorios de estudios que garanticen la formación en la no violencia contra las mujeres en cada aula y que involucre a docentes y alumnos de todos los niveles.
Programas obligatorios de formación en la no violencia contra las mujeres para jueces, fiscales, defensores y agentes de justicia, destinados no solo a sensibilizar sino a producir el efectivo cumplimiento de las leyes que garantizan el acceso a la justicia, al trato justo y la condena exacta.
Programas obligatorios de formación en la no violencia contra las mujeres para todas las llamadas fuerzas de seguridad, tanto las que están en servicio como las que están en formación, ya que éstas, además de intervenir directamente en casos de femicidio, también los comente en un porcentaje significativo, según revelan los casos relevados por nosotrxs.
Exigimos, también, que ante cada caso de femicidio el Estado garantice la asistencia inmediata a las víctimas, su entorno familiar y la comunidad afectada, disponiendo un shock de recursos que produzcan un impacto de real prevención, tanto a nivel comunitario como mediático.
Sanción ejemplar de los discursos públicos que hacen apología o justifican de cualquier modo el delito de la violencia contra la mujer.
Por último, exhortamos a las oenegés a que cesen en su rol de terciarizar responsabilidades de Estado y se conviertan en una herramienta social de exigencia, presión, denuncia y control de las políticas públicas.
Nota:
En su fallo sobre femicidios la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la obligación de los Estados, y entre otros fundamentos, citó que en 2006 “la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU ha proporcionado directrices sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención, a saber: ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer”.
Fuente Revista MU – La Vaca . org
