El camino que viene recorriendo Miguel Sebastián Latrónico para hacer valer sus derechos en una transacción comercial que fuera abonada en tiempo y forma y que nunca le fue entregada data del 5 de agosto de 2021, es decir a días de cumplir 5 años en el peregrinar para que le entreguen una casa, como rezaba el contrato suscripto.
Esto pasaría absolutamente desapercibido, como una circunstancia entre privados, si en el contrato originario no estaría implicado un funcionario político de la Municipalidad de Concordia, José Gabriel Estrada, perteneciente a la Dirección de Higiene Urbana perteneciente a dicha Municipalidad.
Con fecha 23 de julio la abogada patrocinante del damnificado recibe una resolución N° 5076/2026 del Departamento Ejecutivo Municipal firmada por el Secretario de Servicios Públicos Sr. Roberto Oscar Ramírez en la desestima la presentación de la profesional ya que convocado el funcionario en cuestión expresa que “la relación mantenida con el denunciante responde estrictamente a un contrato de obra de naturaleza privada (regido por el Código Civil y Comercial de la Nación) suscripto en fecha 5 de agosto de 2021 con la firma TOLUME SRL y el Sr. Latronico”
Con dicha Resolución se anula toda posibilidad de la instrucción de un Sumario Disciplinario contra el funcionario aunque por la Ley 10027 el Intendente Municipal tiene la potestad de apartar, suspender o directamente poner fin a la gestión del mismo por vía de un Decreto Municipal, cuestión que de acuerdo a lo contestado tampoco estaría en las posibilidades de acción por parte del Ejecutivo Municipal de Concordia.
Por estas horas y de acuerdo a lo relevado por Tal Cual con una de las partes se ha sustanciado una presentación por “incumplimiento de contrato” en los Tribunales de la ciudad de La Paz.
EL HECHO
Una denuncia de estafa, en la ciudad de Concordia, que pudo haber pasado desapercibida, pero que toma un cariz totalmente distinto cuando uno de los involucrados en el delito es un empleado público municipal, que además utiliza información de domicilio correspondiente a áreas gubernamentales.
Esta historia comienza el 5 de agosto de 2021 cuando un vecino de la ciudad de La Paz (ER), de apellido Latronico celebra un contrato con la firma TOLUME SRL para la fabricación, provisión e instalación de una vivienda modelo “Confort” en un inmueble de su propiedad sito en la ciudad de La Paz.
Dicho contrato fue suscripto por una persona de apellido Estrada en representación de la firma y de otra persona de apellido Debonis, presentado como socio e interlocutor para cumplir con el contrato.
Como pago el damnificado entregó un automóvil marca Renault, modelo Logan, como así también transferencias realizadas a través de los medios indicados por los intervinientes, sin que, a la fecha, 30 abril 2026 se haya verificado cumplimiento alguno de la prestación comprometida.
Pasado un determinado tiempo lógico Latronico comenzó a elevar sus quejas ante el incumplimiento y se produce un corte abrupto de las comunicaciones tanto con Estrada y Debonis, constatándose el cierre y abandono del domicilio comercial.
En una nota enviada por la Abogada representante del damnificado Dra. Agostina Gisbert Molina al Presidente Municipal de Concordia Dr. Francisco Azcué, pone de relieve que el Sr. Estrada “en su carácter de agente público de esa Municipalidad, haya indicado y/o facilitado como domicilio de referencia el sito en calle Moulins N° 964 de la ciudad de Concordia, correspondiente —según se ha podido constatar— a dependencias municipales (corralón), extremo que, de corroborarse, podría implicar la utilización de una referencia institucional en el marco de una operatoria de carácter privado, con la consecuente afectación a la confianza pública y a la integridad de la función administrativa”.
La investigación sigue su rumbo y se esperan algunas resoluciones que puedan destrabar este conflicto entre partes privadas pero que toma una importancia diferente ya que uno de los denunciados es funcionario municipal de Concordia.
