La Justicia Federal de Río Cuarto investiga una presunta red de corrupción en Gendarmería. 23 efectivos fueron imputados y detenidos por integrar una supuesta asociación ilícita que cobraba coimas a camioneros. Se habrían recaudado unos 55 millones de pesos.
La Justicia Federal de Río Cuarto avanzó en la investigación de una presunta asociación ilícita conformada por 23 efectivos de la Gendarmería Nacional, acusados de exigir dinero a camioneros que circulaban por la zona de Sampacho, en el departamento Río Cuarto, Córdoba.
Según la hipótesis de la fiscalía, los uniformados habrían implementado un sistema de “peajes ilegales”, cobrados durante los controles vehiculares en las rutas.
Los investigadores estiman que la estructura habría recaudado al menos 55 millones de pesos entre agosto de 2024 y julio de 2025.
De acuerdo con el expediente, la organización operaba de manera coordinada, con una división de roles entre los integrantes. En el centro del esquema se ubicaba la entonces jefa de la Sección Seguridad Vial “Sampacho”, Analía Galian, quien, según la causa, habría aportado “la cobertura jerárquica indispensable para el funcionamiento de la estructura” y también “habría intervenido de modo activo en la administración de los fondos ilegales”.
El juzgado federal consideró que Galian podría haber sido la “cabeza” del plan delictivo, legitimando con su cargo las maniobras de corrupción de su personal.
También se investiga la participación de suboficiales y cabos de distintas dependencias, algunos de ellos del Escuadrón de Seguridad Vial Santa Catalina, cercano a Sampacho.
Uno de los suboficiales fue identificado como el presunto jefe operativo de la organización. Según testimonios, era quien “negociaba y arreglaba las coimas” con los transportistas.
“El camionero que se cansó de todo y desató el escándalo lo reconoció como el jefe”, detallaron fuentes judiciales.
Aunque ocupaba un cargo jerárquico que no implicaba presencia constante en los controles, se habría hecho presente en las rutas para cobrar personalmente las sumas exigidas, tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias. En su cuenta se detectaron movimientos financieros incompatibles con su sueldo como suboficial de Gendarmería.
En algunos casos, se habría hecho pasar por un subordinado utilizando identificaciones falsas, para confundir a los conductores.
El suboficial contaba con la colaboración de un cabo de confianza, quien participaba en casi todos los controles y asumía el mando operativo cuando su superior no estaba presente. Su función era interceptar a los camioneros, marcar supuestas irregularidades y exigir pagos para evitar multas o demoras.
El dinero recaudado se distribuía entre los distintos miembros de la sección. Participaban, según la causa, dos sargentos, cinco cabos primeros, cuatro cabos y un agente sin grado identificado, todos pertenecientes a la Sección Seguridad Vial “Sampacho”.
Además, algunos gendarmes aportaban cuentas bancarias o billeteras virtuales para canalizar las transferencias de dinero y redistribuir internamente los montos obtenidos. Entre los involucrados figura un familiar directo de Galian, también acusado de facilitar operaciones financieras.
La causa judicial se tramita bajo la figura de asociación ilícita destinada a cometer exacciones ilegales, delito que recae sobre funcionarios públicos que exigen, por abuso de autoridad, dinero o contribuciones indebidas.
Si la Justicia logra probar las imputaciones, los integrantes podrían recibir penas de prisión o reclusión de 3 a 10 años, mientras que los jefes u organizadores enfrentarían condenas de 5 a 15 años.
Por el momento, todos los acusados permanecen detenidos e imputados, mientras continúan las indagatorias y peritajes bancarios. El expediente incluye también el análisis de comunicaciones y registros contables de los uniformados, así como la eventual participación de civiles de otras provincias vinculados al circuito financiero de las coimas.
Fuentes del Juzgado Federal de Río Cuarto indicaron que la investigación “avanza a paso firme” y que en los próximos meses se definirán nuevas imputaciones. Aún no se conocieron las estrategias de defensa de los acusados, que permanecen con prisión preventiva.
El caso, que sacude a una de las fuerzas de seguridad más extendidas del país, podría marcar un precedente judicial por corrupción estructural dentro de Gendarmería Nacional.
