Con fecha 25 de junio se emitió una Resolución del Consejo General de Educación, la N° 1756, en la que en su anexo se nomina a 280 docentes de toda la Provincia de Entre Ríos para que inicien los trámites jubilatorios.
En sus considerandos hacen mención al Art. 62 de la Ley de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos que textualmente dice “Art. 62. La autoridad con facultad de nombramiento y remoción de personal, podrá iniciar de oficio ante la Caja, la jubilación de los afiliados que no sean inamovibles y que se hallaren en condiciones de obtener cualquiera de los beneficios consagrados en esta ley. Los agentes involucrados, deberán suscribir ante la Caja toda la documentación que ésta requiera para el desenvolvimiento del trámite. Si no cumplimentare el mismo en el término acordado sin justa causa, su conducta será considerada como falta grave y pasible de las sanciones previstas en la legislación correspondiente”.
Algunos consultados por TAL CUAL de los docentes que se encuentran en la lista si bien reconocen el artículo consignado, ven con cierta preocupación su último párrafo en la que se “presiona” con alguna sanción si los docentes nombrados no inician los trámites jubilatorios.
Evidentemente es un nuevo punto de fricción entre el Gremio y las autoridades ejecutivas provinciales, ya que con temas precedentes como: imposibilidad de realizar asambleas en horario escolar, la eliminación del transporte escolar en algunos departamentos, la nueva funcionalidad de OSER, cierre de centros educativos, complementan un escenario de conflicto en ciernes, a tal punto que el último congreso AGMER se declaró en “alerta y movilización”.
