Alberto Fernández suspendió un aumento que ya había sido autorizado y las empresas advierten sobre la situación crítica del sector. Este año no cuentan con el programa ATP.
El sistema de salud privado recibió con la mayor de las preocupaciones la sorpresiva suspensión de los aumentos de 7% en las tarifas que en una primera instancia les habían autorizado a cobrar a partir de febrero. La suba en las cuotas, avalada en el Boletín Oficial de la mañana del 31 de diciembre, quedó suspendida horas después con una publicación especial, al filo de los festejos por el Año Nuevo. Es el segundo ajuste en las cuotas que queda stand by: a principio de mes las compañías ya habían atravesado una situación similar.
En el sector temen estar frente a un intento del Gobierno por reformar el sistema de salud luego de dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la necesidad de hacerlo más “eficiente” y estas marchas atrás que van en contra de lo que predica el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, al menos cuando se sienta con empresarios de la salud.
Ayer, 1° de enero, no hubo feriado para los dirigentes sectoriales, quienes compartieron su enojo y su estupor por una medida que, aseguran, afecta a uno de los servicios que mejor funcionan en la Argentina, elegido por presidentes y dirigentes políticos cada vez que deben atender una cuestión de salud.
Alertaban además que este año tendrán serias dificultades para pagar salarios. Más aún después de un 2020 muy complejo en el que los servicios más rentables se detuvieron por la pandemia y sólo las prestaciones más urgentes asociadas a la lucha contra el covid-19 estuvieron activas. Los empresarios afirman que sus compañías se mantuvieron a flote gracias a las inyecciones de dinero público que supusieron el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y otras transferencias.
La situación del sector
En los últimos años, los aumentos autorizados para las cuotas de las empresas de medicina prepaga, reguladas desde 2012, fueron en línea con la inflación. En 2019, estuvieron por encima con 8 aumentos y un porcentaje anual de 60,7 por ciento. Pero a lo largo de 2020, las compañías de medicina prepaga tuvieron un solo aumento autorizado, del 10%, que se aplicó a partir de diciembre y que está lejos del 36% de inflación anual que estiman las consultoras privadas.
También hubo marchas y contramarchas con ese aumento: a las empresas se les había anunciado que se habilitaría un 15% para diciembre de 2020 y otro 10% para febrero de 2021, pero el Poder Ejecutivo ordenó retrotraer la medida una vez que había sido comunicada y publicada.
Finalmente, en el último día de 2020 y a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno otorgó un aumento de 7% a partir del 1° de febrero de 2021. Apenas unas horas después, todo quedó en la nada. Por la tarde, en una edición especial del Boletín Oficial, el incremento fue suspendido “por expresa decisión” del presidente Alberto Fernández.
Fuentes de las principales empresas manifestaron que toda la situación fue “sorpresiva e insólita” y la atribuyeron a una interna entre los funcionarios del ministerio de Salud y el Instituto Patria, el think tank de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante 2020, el Gobierno puso en dos oportunidades el foco sobre la necesidad de reformular el sector privado de la salud. En abril, al comienzo de la pandemia, el ministro de Salud, Ginés González García había anunciado que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se declararía de interés público todo los recursos sanitarios de la Argentina. “No vamos a discutir propiedad. Podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, sostuvo el ministro de Salud.
Oficialmente, la idea era que el Estado pudiera disponer de los recursos hospitalarios del sistema privado en el marco de la pandemia, pero desde el sector empresario manifestaron su disconformidad porque entendieron que se trataba de un avance para una posible estatización del sistema. Luego de una reunión entre el ministro y los principales empresarios, la medida quedó descartada.
En las últimas semanas, fue la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner la que volvió a plantear cambios, cuando manifestó que uno de los desafíos de 2021 es “repensar” todo el sistema de salud.
“Nuestro país debe ser en toda Latinoamérica el que más recursos humanos, tecnológicos e inversiones tenga en materia de salud. Lo que pasa es que lo tenemos dividido en tres sistemas: público, privado y obras sociales. Vamos a tener que repensar un sistema de salud integrado”, señaló. “Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”, dijo.
Luego de un único aumento del 10% en 2020, los precios de los planes para un grupo familiar de un matrimonio con dos hijos oscilan entre $11.400 mensuales y los $23.000 (premium), de acuerdo a la plataforma Elegimejor, que compara los precios de más de 50 planes de medicina prepaga. Para una persona soltera y joven, el plan económico sería de unos $3.200 y el premium, de $7.500.
“Desde la sanción de la ley 26.682 sancionada en mayo de 2011 y votada por todos los partidos políticos, la medicina prepaga nunca aumentó. Siempre sus incrementos estuvieron regulados por el Estado a través de las Secretarías de Comercio y Superintendencias de Servicios de Salud de turno. El sector recibió solo incrementos inflacionarios y nunca sus reales incrementos de costos”, explicó en una columna publicada en diciembre en Infobae Jorge Aufiero, fundador y director de Medicus. Según el empresario, el desfasaje actual de los costos ronda el 54 por ciento.
“El incremento de costos y precios en servicios de Salud ha sido definido como supra inflacionario. Esto significa que los costos de esta actividad esencial exceden los de la inflación general de la economía. Esto se observa tanto en el Hemisferio Norte como el Sur, y en economías estables con bajos índices anuales de inflación, como así también en países con inflaciones alta”, agregó Aufiero, que también es profesor Consulto-Senior Scholar de Duke University. El informe Global Medical Trends publicado en 2019 por Willis Tower Watson indica que, a nivel global, el incremento de los costos de servicios de Salud aumenta por encima de los índices de precios al consumidor en una relación promedio de 2 a 1, con un incremento interanual ponderado general de 7,6 por ciento.
“Cualquier bien o servicio tiene un costo de producción y un margen de explotación. Cuando el Estado fija un precio por debajo del costo de producción, se supone que debe compensar con un subsidio a ese sector que, de otra forma, se muere. Más en el caso de las empresas de salud, donde los contratos con los usuarios son de por vida y no se pueden rescindir. Es razonable que el Estado regule, pero no es razonable que no le permita a las empresas mantener su ecuación económica”, señaló Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada (Cempra).
Desde el Gobierno argumentan que este año, las empresas de medicina privada recibieron ayudas por unos $100.000 millones por asistencias fiscales y el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). Sin embargo, esas ayudas no estarán vigentes durante 2021. “Lo más grave no es que no se dé un aumento. Es que ese auxilio que recibían las empresas, va a desaparecer. Esas ayudas, además, no fueron al sector de forma homogénea y la mayor parte fue para los prestadores. El no incremento de las cuotas va a poner más en evidencia la pérdida de sustentabilidad del sistema en un contexto donde los casos de coronavirus están en aumento”, agregó Lilloy.
Además de las empresas de medicina prepaga, la salud privada está compuesta por clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos, entidades de diagnóstico y tratamiento médico ambulatorias, empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos.
Estas empresas atraviesan una situación crítica que atribuyen a los aumento de costos como consecuencia de la pandemia, ingresos congelados y la decisión del Gobierno de finalizar el plan de ayuda a través del ATP a partir del 31 de diciembre de 2020.
“Los prestadores de salud deben afrontar altos costos en dólares de insumos médicos e infraestructura, además de una fuerte presión tributaria, por la que, por cada $10 que ingresan, el sector paga $4 de impuestos”, detallaron desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).
Las prepagas representan para los prestadores de salud entre el 15% y 17% de su facturación según fuentes del sector. Los grandes tomadores de estos servicios son, entre otros, el PAMI y las obras sociales sindicales. “La asistencia a los prestadores es un tema que merece una respuesta. Se pone en el tapete cómo se va a sustentar la red privada que es la más importante que tiene el país”, indicó Lilloy.
A este escenario se suma la situación de los médicos y profesionales de la salud. “Estábamos mal y nos damos cuenta que siempre se puede estar peor, esa la verdad”, señaló Jorge Iapichino, secretario de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra). “Desde lo salarial, nuestros aumentos han sido escasos, no llegan ni al mitad de la inflación, tanto en el sistema público como en el privado, en todas las jurisdicciones”.
Los médicos sienten “frustración” por el escenario será aún más grave. “Si nuestros empleadores y los financiadores no tienen ese 7%, los médicos tampoco lo vamos a tener. Somos la variable de ajuste. Nuestro reclamo no es visible, y es muy difícil tomar medidas de fuerza en la pandemia”, agrego el secretario de Comra.
“El sistema esta desfinanciado. Y a partir de enero se suspenden los ATP, por lo que los prestadores tampoco van a tener esa herramienta. El ministerio de Salud había entendido que ese 7% era imprescindible. Pero es evidente que la política económica está por encima”, dijo Iapichino, quien aseguró que hay médicos que ganan salarios por debajo de la línea de la pobreza (…).
