Solicitaron la audiencia ante el juez sobre el que ambientalistas presentaron un nuevo amparo judicial para que se declare la nulidad del decreto que reglamentó las fumigaciones.
El Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) recurrieron el decreto provincial sobre fumigaciones a través de un amparo colectivo ambiental para que se declare la «nulidad y/o inconstuticionalidad y revocación del decreto N° 2.239/19».
El amparo fue presentado ante la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que integran Andrés Marfil, Virginio Galanti y Valentina Ramírez Amble, el mismo tribunal que ya declaró inconstitucional un decreto del Ejecutivo.
Tras esa presentación, productores agropecuarios y tamberos, nucleados en la filial de Crespo de Federación Agraria, solicitaron este miércoles una audiencia al juez Galanti con la pretensión de ser escuchados ante el nuevo embate de los ambientalistas.
«Somos los damnificados por la movida de Basta es Basta, Agmer y el Estado, porque en el medio quedamos los productores que necesitamos trabajar porque las normas judiciales nos lo impidieron durante mucho tiempo, generándonos muchas pérdidas», apuntó Mariela Galinguer, dirigente de la filial de Crespo de Federación Agraria.
Por su parte, Fabio Schneider, productor tambero de Colonia Merou, apuntó: “Hoy nos parten por el medio porque ante el recurso de Agmer y Basta es Basta tenemos miedo a que otra vez nos dejen sin el sustento diario».
«No somos pooles sojeros y jamás hemos envenado a nadie porque son nuestros propios hijos», argumentó el productor que posee 18 hectáreas, frente a la escuela secundaria Nº57 «Juan Chassaing» de Colonia Merou.
«Nos acusan de asesinos y envenenadores, y se arma toda una psicosis en la que se dice que los productores somos los malos, y no es así. Los invito a que salgan a pasear por las zonas rurales, donde todos gozan de buena salud», instó el tambero.
En tanto, Humberto Gross, productor agropecuario, remarcó que “se nos acusa de cosas que no son porque se habla sin conocimiento.. Pensamos que con el decreto íbamos a poder trabajar tranquilos, pero se vuelve para atrás con bases sin fundamentos».
«Esperamos la resolución que tome el juez, por eso venimos como damnificados», indicó.
Galinguer sostuvo que «como productores agropecuarios responsables de la producción de alimentos, queremos abrir espacios de diálogo en este camino tan turbio que se está abriendo en cuanto a la educación rural, la producción y la convivencia entre las maestras rurales y los productores».
«Las cosas se entienden hablando, y a mí me preocupa la salud. Cómo se puede llegar a pensar que teniendo a mi casa en medio del campo, voy a envenenar a mis hijos, esas acusaciones son irracionales», señaló la ruralista.
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Sin embargo, Schneider apuntó a «vacíos legales» porque, de acuerdo a lo que señaló: «La ley no está reglamentada, los instructivos no llegan y hay cierto desconocimiento porque no hay información clara».
«El instructivo tiene muchos puntos negros y se genera incertidumbre entre los productos», indicó.
